Exdirectivo de Sa Nostra dice que tenía "conocimiento cero" sobre las operaciones por las que se juzga a la excúpula

El que fuera director general de Participadas de Sa Nostra y consejero delegado de la filial Invernostra, Rafael Oliver, ha asegurado este lunes, en el inicio del juicio contra la excúpula de la extinta caja de ahorros, que tenía "conocimiento cero" sobre el tipo de operaciones que se realizaron con el Grupo Sotohermoso, una empresa participada.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Oliver ha afirmado que "no podía tomar una decisión operativa" sin "proponerlo al Comité de Dirección" de Sa Nostra. "Como consejero tenía todas las funciones restringidas en favor de la matriz, y el propio Consejo de Administración no delegó en mí ninguna función", ha sostenido.

Oliver ha reiterado que tenía "conocimiento cero" sobre concesión de crédito y riesgo. Explicó que su papel se limitaba a ser "interlocutor en la financiación propia de Sotohermoso" y que si esta empresa necesitaba un crédito, él "no tenía nada que ver", ya que Sa Nostra tenía su propia estructura para negociar y decidir.

En su declaración, Oliver explicó que se dio cuenta de que Sotohermoso tenía "un problema de liquidez" y lo planteó al Comité de Inversiones. Él actuaba como "interlocutor entre Invernostra y Sa Nostra", y trasladaba las cuestiones al Comité de Administración de Invernostra, para que los consejeros pudieran revisar la documentación de las operaciones.

"Cualquier decisión de riesgo que yo haya podido tomar siempre ha contado con la autorización de mis superiores o de los estamentos correspondientes", añadió. Según Oliver, estas operaciones fracasaron debido a la crisis económica de 2008, aunque hasta ese año las inversiones en el negocio inmobiliario habían sido rentables.

LA FISCALÍA DESCARTA LA PRESCRIPCIÓN

Este lunes, la Fiscalía Anticorrupción rechazó la idea de que las operaciones financieras realizadas por la filial de Sa Nostra en el Grupo Sotohermoso hayan prescrito, como sostienen los acusados. La fiscal indicó que para que se pueda considerar prescripción, "no debe existir duda alguna sobre sus presupuestos", y en este caso, los subtipos agravados y la continuidad delictiva permiten ampliar el plazo de la acusación, lo que conllevaría una prescripción de 10 años, por lo que no estaría prescrito.

El tribunal, presidido por el magistrado Fernando Andreu, deliberó sobre esta cuestión previa, pero finalmente reanudó la vista y postergó la resolución a la sentencia.

CONDENAS DE 4 AÑOS DE CÁRCEL

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel para los exdirectores generales de Sa Nostra Pere Josep Batle y Pablo Miguel Dols, así como para Rafael Oliver y los empresarios Adolfo Sánchez de Movellán y Francisco José Morales de Jodar, por un delito continuado de apropiación indebida. Para el expresidente de Sa Nostra Fernando Alzamora y el exdirector de la División Inmobiliaria Antonio Cantallops, se solicita una pena de dos años y seis meses de prisión.

La Fiscalía sostiene que en 2006, la Caja de Ahorros de Baleares Sa Nostra participó en la sociedad Sotohermoso Servicios Inmobiliarios SL junto con los acusados Sánchez de Movellán y Morales de Jodar. El proceso de financiación involucró reuniones, informes y acuerdos entre Batle, Dols y Oliver, con una menor participación de Alzamora y Cantallops.

UNA "SITUACIÓN DE DESEQUILIBRIO"

Anticorrupción asegura que las irregularidades cometidas para llevar a cabo el acuerdo, facilitadas por las debilidades de la estructura financiera de la entidad, colocaron a Sa Nostra en una situación de desequilibrio. La entrada en Sotohermoso se formalizó en junio de 2006, con una participación del 35%.

La Fiscalía alega que la entrega de fondos se realizó de espaldas a los analistas financieros, utilizando actos de diversa naturaleza, como contratación de servicios, financiación de capital a los socios y préstamos.

EL OTRO JUICIO A LA EXCÚPULA

Cabe recordar que los exdirectivos de Sa Nostra ya fueron juzgados en 2021 por operaciones con la inmobiliaria Martín Gual en Palma de Mallorca. Aunque inicialmente fueron absueltos, en 2022 la Audiencia Nacional volvió a absolverlos tras considerar que la acusación de apropiación indebida y administración desleal no era viable.