El TSJIB abre las puertas a investigar nuevos delitos contra Penalva y Subirán

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha abierto las puertas a investigar al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán -ambos apartados del caso Cursach- por la comisión de presuntos delitos que van más allá de los hechos por los que la máxima instancia judicial de las islas asumió las pesquisas en torno a las presuntas irregularidades que cometieron al frente de la instrucción de la anterior causa.

Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Crónica Balear, la Sala de lo Civil y Penal ha citado a declarar los próximos 17, 18 y 19 de marzo a una quincena de testigos cuyo interrogatorio prevé arrojar luz en relación, entre otros, con los delitos de denuncia y acusación falsa y de obstrucción a la justicia en los que ambos juristas podrían haber incurrido.

El magistrado Carlos Gómez responde así a un reciente escrito en el que la Fiscalía Anticorrupción subraya cómo los hechos objeto de investigación contra Penalva, Subirán y otros cinco encausados "tienen un contenido más amplio" que los recogidos por la exposición razonada que la anterior instructora del caso elevó al TSJIB para que éste se arrogase las pesquisas contra ellos.

En concreto, el Ministerio Público alude al contenido de dos atestados policiales que inciden en las prácticas presuntamente delictivas de las que aquéllos habrían hecho uso para instruir el caso Cursach y apuntalar sus acusaciones. También hace referencia a las acusaciones falsas vertidas por la testigo protegida 31 de la causa, más conocida como "la madame".

En sus informes, la Policía Nacional echa por tierra las diligencias llevadas a cabo en su día por Penalva y Subirán y apunta a cómo, junto a varios miembros del grupo de Blanqueo del cuerpo, armaron a su antojo las distintas líneas de investigación del caso Cursach.

Para ello, según los atestados, se valieron de toda una “maquinaria” dirigida a instrumentalizar a testigos -algunos de los cuales conformaban un “siniestro” grupo de personas “con intereses propios” y “sin escrúpulos”-, obtener falsas pruebas incriminatorias, omitir las que podían poner en tela de juicio sus tesis y efectuar continuas e interesadas filtraciones a la prensa.

Respecto a las denuncias de la testigo protegida, los atestados señalan que los antiguos investigadores se ampararon en agresiones por ella relatadas a pesar de que nunca se habrían producido. La más “paradigmática”, la que aseguraba que sufrió en la puerta de su domicilio “a manos de dos sicarios enviados por el entorno de Cursach”. “Una agresión esgrimida a partir de entonces en todo tipo de pruebas, escritos judiciales y medios de prensa”, añadía la Policía Nacional.

Entre los testigos citados por el TSJIB se encuentran varios abogados -quienes asistieron a diversas diligencias policiales y judiciales que en la actualidad se encuentran bajo el foco judicial- así como dos funcionarios del Ayuntamiento de Palma.