El magistrado que investiga a Penalva y Subirán tumba el caso Whatsapps pese a las ilegalidades destapadas por la policía

Once meses después de asumir las pesquisas sobre las presuntas actuaciones delictivas cometidas por el juez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías nacionales durante la instrucción del caso Cursach, el magistrado Carlos Gómez ha tumbado el que se ha erigido en el pilar que sostiene las investigaciones contra ellos. En un auto de 75 páginas, considera que los seis investigados actuaron "en la convicción" de que aquellos a quienes investigaban eran culpables: "que un juez y un fiscal lleguen a la convicción de la culpabilidad de las personas investigadas y que, por ello, deseen su condena, no es constitutivo de delito alguno".

Con su resolución, que no es firme, Gómez echa por tierra las acusaciones vertidas por la Policía Nacional en hasta un total de ocho informes, en los que los inspectores describen de forma pormenorizada cómo Penalva, Subirán y los cuatro miembros del grupo de Blanqueo -a quienes considera integrantes de una "organización criminal” con estabilidad en el tiempo y dedicada a la “comisión reiterada de delitos”- habrían urdido una “maquinaria” dirigida a instrumentalizar a testigos, obtener falsas pruebas incriminatorias, omitir las que podían poner en tela de juicio sus tesis y efectuar continuas e interesadas filtraciones a la prensa.

Frente a ello, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) rechaza que los antiguos investigadores del caso Cursach coaccionasen a testigos protegidos (en referencia a la conocida como 'la madame', el extestigo protegido 29 y 'El Ico') para mentir y reforzar así sus tesis, retrasaran deliberadamente la práctica de varias declaraciones testificales o prolongaran el ingreso en prisión de varios investigados.

Al considerar así que los testigos actuaron sin ser presionados por los investigadores, remite las pesquisas llevadas a cabo en este sentido al decanato de Palma para que sean los juzgados de instrucción los que investiguen si aquellos incurrieron, 'motu proprio', en delitos de acusación o denuncia falsa.

Se trata de una decisión que ya adoptó el magistrado con otro testigo, el número 26, cuyo papel optó por no investigar al sostener que ni juez ni fiscal lo habían utilizado para apuntalar sus acusaciones, a pesar de que la Policía Nacional, en uno de sus últimos informes, había puesto de manifiesto la connivencia entre todos ellos. Tras apartar de la causa el atestado, los fiscales anticorrupción de Madrid personados en el caso Whatsapps arremetieron con dureza contra Gómez al aseverar que cualquier toma de postura anterior a la apertura del juicio oral "resulta apriorística y contraria a la finalidad de todo proceso penal de averiguar la verdad, pues esta no puede llegar a conocerse sin una verdadera investigación".

A LAS PUERTAS DEL BANQUILLO

El auto dictado este martes, sin embargo, sí deja a las puertas del banquillo a ambos juristas así como a los cuatro policías al considerar que no cumplieron con su deber de perseguir delitos. Circunscriben esta conducta al hecho de que ninguno de los ahora investigados llevó a cabo actuación alguna para impedir que se filtrase en prensa información sobre actuaciones declaradas secretas. "Tras la divulgación del contenido de estas no hicieron nada por perseguir el delito de revelación de secretos", recalca. Se trata del único delito por el que Gómez considera que deben ser juzgados.

En su resolución, el juez agrupa los hechos investigados en distintos bloques, adecuándolos a los distintos informes que la Policía Nacional ha ido entregando. Y así lo hace con los testigos protegidos sobre cuyas declaraciones se cimentó buena parte del caso Cursach y con los pormenores de las pesquisas que los antiguos investigadores impulsaron contra el exconcejal y exdiputado del PP Álvaro Gijón.

TESTIGO PROTEGIDA 31 (LA 'MADAME')

En relación con la extestigo protegida 31, María José Losantos, quien aseguró ser la madame en un burdel al que acudían Gijón y el expresidente del PP de Palma José María Rodríguez -a pesar de que aquél nunca existió- y relató agresiones por parte del entorno de Cursach que la Policía Nacional desmintió, Gómez rebate las manifestaciones vertidas por los inspectores en dos de sus atestados.

En sendos informes, los miembros de la Brigada de la Policía Judicial concluían que las declaraciones de Losantos no solo eran falsas sino que, además, Penalva, Subirán y los policías investigados las utilizaron intencionadamente -pese a ser conocedores de su falsedad- como prueba de cargo para afianzar sus hipótesis acusatorias. Frente a ello, el magistrado niega con contundencia la existencia de indicios de tal proceder: "Una cosa es que pudiera entenderse que las manifestaciones de la señora Losantos hubieran debido haberse valorado como falsas, que juez, fiscal y policías del Grupo de Blanqueo se precipitaran en sus conclusiones a la búsqueda de la implicación de los señores Gijón y Rodríguez, que incurriesen en falta de diligencia o de imparcialidad en su investigación, y otra muy distinta es que utilizaran a conciencia un testigo falso para asegurarse el éxito de sus pesquisas".

El juez señala que, desde su entrada en el caso Cursach, la testigo "fue creciéndose" en sus alusiones a la implicación de los Gijón, Rodríguez y de varios policías locales en los hechos. No obstante, apunta cómo en el caso Whatsapps Losantos "parece haber recorrido un camino inverso, tendiendo a desvincular a políticos y policías de la asistencia a fiestas sufragadas por Cursach y, paralelamente, a formular, cada vez con más contundencia, graves acusaciones contra juez, fiscal y policías del Grupo de Blanqueo". En la declaración que prestó en el TSJIB el pasado mes de septiembre, la ahora investigada manifestó, de hecho, que tanto Penalva como Subirán le coaccionaron para declarar, en base a hechos que nunca habrían sucedido, contra Cursach y numerosos policías locales de Palma y relató, incluso, haber recibido ofertas de dinero para incriminar a todos ellos en un supuesto entramado corrupto dirigido a mantener a flote los negocios del empresario del ocio nocturno.

En este contexto, el magistrado apunta a la "falta de credibilidad" de la testigo: "si en la causa Cursach y derivadas no había base suficiente para dar credibilidad al testimonio de la señora Losantos, tampoco la hay ahora para dar credibilidad a sus recientes manifestaciones", abunda. Por ello, señala que se carecen de indicios suficientes de que los antiguos investigadores "la utilizaran intencionadamente, a sabiendas de la falsedad de su testimonio, para mantener las tesis acusatorias que sería la conducta delictiva que los informes policiales incorporados a la presente causa les atribuyen".

"No obra en autos ningún indicio de que los hoy investigados ejerciesen violencia o intimidación sobre la testigo indispensables para que pudiera pensarse en un delito de obstrucción (...) o de que la indujeran a cometer un delito de falso testimonio", incide el auto.

TESTIGO PROTEGIDO 29

En el caso del extestigo protegido 29, Daniel Corral, la resolución remarca que solo en el caso de que Penalva y Subirán "tuviesen conciencia de que el testigo les mentía y, a pesar de ello, dieran credibilidad a sus manifestaciones y con base en ella actuasen y dictasen resoluciones, su conducta podría ser considerada delictiva". Acto seguido, Gómez afirma que "no existen en autos indicios de ello". Recuerda, de hecho, cómo el propio Corral manifestó en el TSJIB -dando credibilidad, en este caso sí, a su declaración- "no haber recibido presiones ni haber sido influenciado por el juez, fiscal o policías investigados para declarar en un sentido u otro".

En uno de sus atestados, la Policía Nacional considera a Corral el testigo "más peligroso" de cuantos desfilaron en el caso Cursach, llegando a considerarlo "un auténtico misil teledirigido" por ambos juristas para reforzar sus acusaciones. Lo definen como "una persona taimada, inteligente, que fabrica pruebas con una preparación que raya lo profesional" y que fue "acusando a cada persona que va entrando en la causa, cuestionado sus declaraciones, a abogados, testigos, y funcionarios, todo ello sin ningún respeto por la Justicia ni las instituciones del Estado, ni ningún reparo en atribuir hechos delictivos a cualquier persona inocente".

TESTIGO PROTEGIDO 13 ('EL ICO')

Al igual que en los casos anteriores, el juez refuta que Francisco Fernández Cortés, 'El Ico', prestase declaraciones falsas aleccionado por Penalva y Subirán y que se pusiera de acuerdo con ellos para, de este modo, dar solidez probatoria a sus tesis incriminatorias. "Este instructor entiende que se trata de una hipótesis que carece del necesario sustento indiciario", remarca.

A lo largo de su último informe, la Policía Nacional detalla el modo en que, supuestamente, Penalva, Subirán y los policías de Blanqueo trataron de dirigir y aleccionar a 'El Ico', para que incriminase en falso a varios agentes de la Policía Local de Palma a cambio de lograr su propia libertad en otros procedimientos judiciales. Bajo la condición de testigo protegido número 13, 'El Ico' acusó a varios policías locales de haberle amenazado y extorsionado, exigiéndole “mordidas” de hasta 500 euros semanales, a cambio de no someter a controles e inspecciones los locales de ocio que regentaba.

CASOS IME Y ORA

Del mismo modo, el magistrado niega la existencia de indicios que apunten a que un empresario fuese presionado para incriminar a Álvaro Gijón en relación con el cobro de presuntas comisiones por la adjudicación del servicio de regulación del aparcamiento en Palma (más conocido como ORA, archivado el pasado mes de enero). Uno de los informes de la Policía Nacional reveló, sin embargo, cómo Penalva pidió a un subinspector “apretar” al empresario para involucrar al exregidor. Gómez señala que "ni siquiera" la expresión "mano dura" utilizada por uno de los participantes en los whatsapps puede traducirse "en un concreto curso de acción real".

Frente a las conclusiones manejadas por la Policía Nacional, que apunta que con la detención de los padres y el hermano de Gijón los antiguos investigadores del caso ORA buscaban que el exconcejal llegara “jodido” a su declaración en la causa, Gómez justifica que estos "procedieron en la convicción de que la familia Gijón estaba implicada en el cobro de una parte de la comisión de la ORA".

"El efecto de las detenciones de sus familiares sobre el ánimo de don Álvaro Gijón Carrasco tuvo que ser necesariamente devastador. Es la consecuencia anímica lógica derivada del mero hecho de ver a sus padres, de edad avanzada, privados de libertad (a pesar de que don Alvaro Gijón Botella ha declarado en esta causa que el trato recibido durante su detención fue impecable)", apostilla el magistrado en su resolución judicial, aseverando que "lo que resulta relevante a efectos penales es si las detenciones carecían o no de cobertura legal".

Tras analizar los mensajes que los antiguos investigadores se intercambiaron, Gómez considera que lo que evidencian es "los intervinientes en el chat estaban convencidos de la implicación del señor Gijón y su familia así como de que existían sospechas suficientes para proceder a su detención". "Por ello -continúa el auto-, estas privaciones de libertad de familiares, además de producir una lógica impresión anímica sobre el señor Gijón Carrasco, estarían justificadas en opinión de los hoy investigados".

El informe de la Policía Nacional que analizaba los pormenores en que se produjeron los arrestos detallaba cómo Penalva y el exjefe del grupo de Blanqueo ofrecían a los distintos detenidos del caso “poner fin a sus problemas judiciales” si, a cambio, implicaban a Gijón y a Rodríguez. Es más, señalaba cómo al empresario Antoni Roig -arrestado en su día por considerar que había sido beneficiario, de forma supuestamente irregular, del contrato de la ORA- los investigadores habrían decidido someterlo a una detención de 72 horas para tratar de que "bajo esta situación de presión cantase".

Precisamente, en una entrevista concedida a Crónica Balear tras el archivo del caso ORA, Gijón explicó cómo vivió lo sucedido en la causa.

PROLONGACIÓN DE LAS DETENCIONES E INGRESOS EN PRISIÓN

En su auto, el magistrado rebate, incluso, la exposición razonada que la jueza Carmen Abrines -anterior instructora del caso Whatsapps- elevó al TSIB para que éste asumiera las investigaciones contra Penalva y Subirán. En ella, Abrines señalaba que ambos habrían acordado la postergación de distintas declaraciones testificales así como distintos requerimientos de documentación que, mientras tanto, "les permitiría justificar la prisión provisional" de los detenidos, como en el caso de Roig.

Gómez, sin embargo, considera que esta conducta no puede ser considerada delictiva. Y, aludiendo a las conversaciones de whatsapp, señala que "cuando se habla de que se solicite documentación «para que se vea que estamos activos» o cuando dice el juez que «no hay excesiva prisa que cuando lo tengamos todo ya no hay razón para la prisión»", no se desprenden indicios suficientes para entender que con ello incurriesen en delito, como sostenía Abrines.