El juez que investigó las filtraciones del caso Cursach, en el banquillo

El juez que comenzó a investigar las presuntas filtraciones efectuadas en el marco del caso Cursach, Miquel Florit, se sentará este jueves, a partir de las 9.30 horas, en el banquillo de los acusados. Lo hará en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), donde será juzgado a raíz de la intervención, en diciembre de 2018, de los teléfonos móviles de dos periodistas que cubrían las informaciones relativas a la anterior causa.

En concreto, sobre Florit pesan supuestos delitos de prevaricación, interceptación ilegal de telecomunicaciones, contra el derecho al secreto profesional y contra la inviolabilidad del domicilio. Por todos ellos, la acusación particular, ejercida por los medios de comunicación y redactores afectados por la intervención de los dispositivos -Europa Press, la empresa editora de Diario de Mallorca, Efe, Blanca Pou y José Francisco Mestre- reclama 42 años de inhabilitación.

Florit, en la actualidad jubilado, asumió las investigaciones del caso Cursach después de varias defensas recusaran por imparcialidad a su antecesor al frente del procedimiento judicial, Manuel Penalva, quien quedó apartado de la causa en marzo de 2018.

Apenas unos meses después, los abogados del empresario del ocio Bartolomé Cursach y de su ex número dos Bartolomé Sbert comenzarían a denunciar presuntas filtraciones a la prensa por parte de los anteriores investigadores del caso, lo que llevaría al magistrado, en julio de ese año, a abrir diligencias dirigidas a investigar el suministro de tales informaciones declaradas secretas.

El grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, al que se encomendaron las pesquisas, constató que se habían filtrado documentos, informes y declaraciones de testigos en al menos 19 ocasiones. Pero antes de alcanzar tal conclusión, ya había recabado indicios al respecto tras las declaraciones voluntarias que efectuaron dos policías que habían participado en las investigaciones del caso Cursach y que, tras ser detenidos, entregaron sus teléfonos y autorizaron el acceso a su contenido.

El examen de uno de los dispositivos reveló la existencia de un chat de whatsapp que, bajo el nombre de "Operación Sancus", mantenían abierto Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y varios agentes de Blanqueo en paralelo a la instrucción del caso Cursach y que evidenciaría la connivencia establecida entre ellos así como los métodos supuestamente irregulares de los que habrían hecho uso. En la actualidad, el chat se encuentra bajo lupa judicial en el marco del conocido como caso Whatsapps.

Para cuando Florit acordó, en una decisión que marcaría el resto de su trayectoria judicial y que desencadenaría la indignación de buena parte de la profesión periodística, la incautación de los móviles a los periodistas, los investigadores disponían de datos que ya apuntaban a la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de quienes anteriormente habían estado al frente del caso Cursach.

La intervención de los dispositivos, sin embargo, llevó a los medios de comunicación y periodistas afectados a querellarse contra Florit. Consideran que los autos que el juez dictó para autorizar la entrada y registro en sus sedes así la confiscación de sus móviles y de su material informático son "manifiestamente injustos" y vulneran el derecho al secreto profesional periodístico, aspectos de los que, según los querellantes, el magistrado tenía "plena conciencia".

Frente a tales acusaciones, Florit reclama su libre absolución. Defiende que no cometió delito alguno al ordenar la requisa de los teléfonos, una medida que, además, contó con el aval del fiscal anticorrupción Juan Carrau, citado en el juicio como testigo. Asimismo, alega que el contenido de los dispositivos no llegó a ser analizado.

Del mismo modo, la Abogacía del Estado sostiene que Florit no incurrió en ninguna conducta delictiva y pide la absolución de la Administración, en su caso como responsable civil subsidiaria.