Detenido un hombre por un delito contra los derechos de los trabajadores
Redacción | 14/01/2023
Un hombre de 37 años, de origen ecuatoriano, ha sido detenido por al Policía Nacional acusado de utilizar a trabajadores extranjeros en situación irregular, sin permiso de residencia ni de trabajo en España, para ejecutar una reforma en una villa de lujo destinada al alquiler vacacional en Ibiza.
El promotor ha sido arrestado como presunto autor de delitos contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los trabajadores extranjeros y de omisión de las normas de prevención de riesgos laborales, ha informado este sábado la Policía Nacional en un comunicado.
La investigación comenzó a principios de noviembre después de la denuncia que interpuso un trabajador que tuvo un accidente laboral en el ámbito de la construcción, que le habría provocado lesiones de carácter muy grave.
Durante las pesquisas, los agentes descubrieron que en la obra habrían trabajado hasta 20 personas en situación irregular. Hasta el momento, han localizado a diez trabajadores que no disponían de permiso de residencia ni de trabajo, lo que impide su alta en la Seguridad Social y, por tanto, anula sus derechos laborales.
Asimismo, las jornadas se extendían a 11 horas diarias, no disponían de días de descanso y recibían “castigos” si no acudían a trabajar.
Tampoco tenían ningún elemento de seguridad ni habían sido informados de los posibles riesgos asociados a su puesto de trabajo, lo que provocó el "fatal desenlace" para el trabajador denunciante, explica la nota policial.
Desde la Policía Nacional señalan que las personas contratadas se encuentran en “una situación de necesidad económica” que les lleva a aceptar “cualquier condición” que se les imponga, incluso aquellas que restringen sus derechos como trabajadores.
La Brigada de Extranjería y Fronteras (UCRIF) ha intensificado los controles en colaboración con la Inspección de trabajo para evitar los fraudes a la Seguridad Social.
El objetivo principal, añade el comunicado, es evitar que se repitan estas situaciones de “abuso de necesidad”, y dar respuestas a estas infracciones “en el orden social y, en su caso, en el orden penal”.
