Cursach y su exnúmero dos advierten del “riesgo” que supondría exonerar a Subirán

Tanto el empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach como su exnúmero dos Bartolomé Sbert han advertido del “riesgo” que supondría exonerar, bajo la justificación de estar sometido a un tratamiento por estrés postraumático, al exfiscal Miguel Ángel Subirán en la causa por la que el juez Manuel Penalva y otros cuatro encausados se encuentran a las puertas del banquillo a raíz de las presuntas irregularidades que habrían desplegado durante la instrucción del caso Cursach.

Así lo ponen de manifiesto los dos empresarios en los recursos de apelación que han interpuesto contra la decisión del magistrado Carlos Gómez de dar carpetazo a las pesquisas y abrir la vía para que Penalva y los cuatro integrantes del grupo de Blanqueo con los que colaboraba sean juzgados únicamente por un presunto delito de revelación de secretos así como por eludir su deber de perseguir delitos -en relación con las supuestas filtraciones de información secreta que efectuaron a la prensa-.

En línea de lo manifestado por la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones de la causa, Cursach y Sbert arremeten, especialmente, contra el archivo provisional de las investigaciones para Subirán, sobreseimiento que Gómez acordó "en tanto no recupere la salud mental en términos que le permitan continuar el proceso sin merma de su derecho de defensa", como señalaba en el auto ahora impugnado.

Sobre ello, el abogado de Cursach, Enrique Molina, advierte de que si la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) "aceptase que los investigados en causas criminales pueden obtener el archivo de sus respectivas causas si se someten a tratamientos con psicofármacos para paliar sus estados de depresión" se abrirá una vía a la que, "a buen seguro, un número significativo de investigados y acusados se acogerán, pues la oferta jurídica no es desdeñable".

No en vano, el letrado asevera que "casi la totalidad" de quienes fueron investigados en "los procesos manipulados por los ahora investigados" [en alusión a Penalva, Subirán y los cuatro policías] se encuentran en una situación semejante y ello no ha impedido que se les recibiera declaración y mucho menos que se sigan procesos contra ellos". "A buen seguro que si alegasen el mismo motivo para que obtener el archivo de los procesos que se siguen contra ellos su pretensión jamás tendrá acogida", sostiene.

Por su parte, la defensa de Sbert recuerda en su recurso que ya en el primer cierre de la causa, decretado el pasado mes de diciembre, advirtió del "riesgo que comportaría la creación de una suerte de 'doctrina Penalva' para salvar a un intocable", dado que, a su juicio, el cierre "en falso" de la instrucción suponía "la construcción de una resolución ad hoc, un 'traje a medida' para proteger a un compañero de profesión".

En esta ocasión, el abogado asevera que el nuevo auto "reafirma aquella desconcertante doctrina" y va, incluso, "más allá": "con un golpe creativo de Derecho, acuña ahora la 'doctrina Subirán' para trastornos mentales postraumáticos. Insólito, sin duda. Pero, además, contrario a la Ley".

Presuntas coacciones a testigos y encarcelamientos premeditados

"La sensación es que el miedo anula y provoca actuaciones insólitas. Pero lo que no podrá anular el miedo es la verdad, pues los hechos están ahí: firmes como una roca. Existieron", subraya en relación a las prácticas supuestamente ilegales que tanto Penalva como Subirán habrían llevado a cabo al frente del caso Cursach y por las cuales acusaciones consideran que deben ser juzgados: presuntas coacciones a testigos, encarcelamientos premeditados de varios investigados y la prolongación deliberada de sus detenciones.

En este sentido, la defensa de Cursach recrimina que los antiguos investigadores de la causa no dudaron en "coaccionar a aquellos testigos que, en presencia del juez y del fiscal, no se sometían a la imposición de firmar declaraciones de contenido incriminatorio en los términos que les sugerían (...). Si se accedía a la torcida voluntad de los investigados, su condición procesal sería una. En el caso contrario, pasaban a engrosar la lista de investigados sobre los que se adoptaba la medida cautelar de prisión provisional".

"Ni se autorizaba la participación de las defensas en las diligencias testificales ni se les daba acceso a la documentación de la causa. Lo primero permitió numerosas irregularidades en su práctica, como la inducción de los testigos bajo coacción a declarar en determinado sentido siempre en contra de los investigados, la firma de declaraciones con sentido incriminatorio redactadas por los funcionarios de policía ahora investigados, la presencia de estos sin razón procesal que lo justificase en cuantas declaraciones se practicaban en el Juzgado, la extensión de diligencias judiciales de declaración en bares u otros lugares inapropiados".

Incluso, abunda, "el 'premio' o las promesas de beneficios penitenciarios a personas encausadas o cumpliendo condena a las que se dotaba de anonimato al amparo de la ley de protección de testigos y peritos a cambio de declaraciones falsas e incriminatorias contra terceros". "Lo segundo -incide el letrado-, la absoluta indefensión de los investigados a la hora de impugnar la adopción de medidas cautelares restrictivas de derechos fundamentales por orden de [Penalva] a través del dictado de resoluciones que fueron material y conscientemente injustas, con el concierto e instigación del resto de los investigados en el presente proceso".

Sobre las filtraciones de información declarada secreta, Molina considera que "la única finalidad de dicha difusión mediática era generar, desde la absoluta impunidad, una opinión social desviada en contra de los investigados [en el caso Cursach]. Pero no sólo respecto de éstos, sino también en contra de los enemigos personales de los partícipes del chat" que Penalva, Subirán y los cuatro integrantes de Blanqueo mantenían abierto en paralelo a sus pesquisas.

Presencia de dos fiscales de Madrid

Por su parte, la defensa de Sbert, ejercida por el abogado Antonio Martínez, considera preciso "dejar constancia de lo terrible que resulta que haya sido preciso que viniesen dos fiscales de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada desde Madrid para poner blanco sobre negro lo que una parte de la Judicatura de Mallorca se viene negando a ver".

Unos fiscales que, subraya, han puesto de relieve que los 8.000 folios de atestados policiales aportados a la causa durante más de un año "no sólo presentan indicios de la existencia de revelación de secretos, sino que presentan más que indicios de que un juez de Instrucción (la persona con más poder de una localidad cuando está en funciones de guardia) usó su omnímodo poder para inventarse delitos y, para ello, dispuso y toleró detenciones ilegales, ordenó ingresos en prisión ilícitos, coaccionó a investigados y testigos y atropelló el derecho fundamental a la libertad y presunción de inocencia".

Todo ello, abunda, "en connivencia con un fiscal y cuatro policías". "Destacamos que la pieza fundamental de este entramado delictivo es un magistrado-juez que era quien, legalmente, debía velar por la protección de los derechos y libertades y proteger a los ciudadanos de cualquier exceso que pudiesen cometer la Policía o la Fiscalía y, en lugar de ello, ideó, alentó y protagonizó esos excesos", recalca.

Es más, apunta que el hecho de que "la pieza angular de este entramado sea un magistrado que ha pasado su vida profesional en Mallorca ha condicionado, y lamentamos mucho tener que decirlo, los sucesivos procedimientos judiciales que, relacionados con la instrucción del caso principal, fue generando".

El letrado alude, entre otros hechos, a la existencia de varias condenas de personas que, "de acuerdo con los datos recogidos en los atestados policiales, se fundaron en pruebas falsas"; a los habeas corpus que "fueron inadmitidos durante la instrucción de la causa como consecuencia de las 'gestiones' del juez Penalva con los colegas competentes"; a la desestimación de todos los recursos interpuestos "contra un secreto de actuaciones que rondó el lustro" y a las "sucesivas desestimaciones de los recursos contra los autos de prisión y contra la denegación de las diligencias de descargo propuestas por las defensas en la causa principal y sus derivadas".

Grabaciones de “personas de más arriba”

No sólo eso. Apunta, en esta misma línea, a "las vergonzantes referencias, en los Whatsapps del investigado Penalva, alardeando de haber hablado con uno u otro magistrado que debía intervenir en algunas de esas actuaciones paralelas o instancias superiores" y, del mismo modo, a "las vergonzosas referencias del investigado Subirán sobre gestiones con uno u otro fiscal o juez respecto de alguna de las causas".

Unas circunstancias a las que suma la presunta "amenaza" vertida en uno de los escritos judiciales y "deslizada en el presente proceso por la representación de los investigados Penalva y Subirán advirtiendo de la posesión de grabaciones con 'personas de más arriba' que saldrían a la luz si el asunto seguía adelante".

"La constatación de lo enormemente condicionado que está este asunto entre los jueces 'mallorquines' por ser el principal investigado un magistrado de Palma es el hecho inconcebible de que hasta la fecha, que sepamos, por lo menos diez magistrados se han abstenido, o lo han intentado, del conocimiento de los asuntos que rodean al juez investigado señor Penalva", incide Martínez en un recurso en el que advierte de que "diez, respecto de los posibles jueces predeterminados por la ley que podían ser competentes, son demasiados".