Comienza el lunes el juicio contra Penalva y Subirán por el caso Cursach

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) celebrará a partir del lunes el juicio contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro funcionarios de la Policía Nacional de Palma que investigaron el denominado caso Cursach por la presunta trama corrupta en torno a las actividades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach.

El juicio contra Penalva, Subirán, un inspector jefe de la Policía Nacional, dos subinspectores y un policía arrancará el lunes a las 9.00 horas en el edificio judicial de sa Gerreria de Palma y está previsto que las partes planteen sus cuestiones previas los días 5 y 7 de junio.

El tribunal retomará el juicio contra estos seis acusados el 22 y 23 de junio con la declaración de los mismos. Se prevé que la vista oral se prolongue hasta el próximo septiembre.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Penalva y Subirán, como principales responsables de la instrucción del caso Cursach, son responsables de los delitos de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia.

A los cuatro policías la Fiscalía les imputa delitos similares durante la investigación de las actividades del empresario Bartolomé Cursach, quien fue absuelto junto a otra quincena de acusados en un mediático juicio por corrupción celebrado en la Audiencia de Palma.

El juez y el fiscal, en la actualidad jubilados tras ser apartados del caso Cursach por las denuncias de filtraciones y otras irregularidades, se enfrentan a peticiones de penas de prisión que suman casi 240 años.

El total de solicitudes de condenas para ellos y los otros cuatro encausados asciende a 576 años de reclusión.

El juicio por estos hechos estará condicionado por la repercusión que tenga sobre las pruebas recabadas y la anulación de varias actuaciones con las que el magistrado que sucedió a Penalva en la instrucción, Miguel Florit, intentó constatar las filtraciones a medios de comunicación de datos recogidos en la causa cuando aún estaba declarada bajo secreto.

El TSJIB admitió los recursos interpuestos por Europa Press contra las órdenes de registro, requisa de teléfonos móviles y ordenadores y entrega de registros de llamadas ejecutadas por la Policía en las sedes en Palma de la agencia de noticias recurrente, del Diario de Mallorca y de la Agencia EFE, y contra los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre.

El alto tribunal regional aplica así la resolución del Tribunal Constitucional de marzo del año pasado que consideraba que se había vulnerado el derecho de los periodistas al impedirles impugnar las medidas que se aplicaron sobre ellos sin tener la condición de investigados.

En concreto, el efecto de este auto respecto a la posible nulidad de pruebas contra Penalva, Subirán y los policías se dilucidará en las cuestiones previas del juicio.

La Fiscalía Anticorrupción describe en su escrito acusatorio 27 casos de filtraciones desde julio de 2016 a medios de comunicación de información y actuaciones propias de la investigación del caso Cursach y del caso ORA, que estaban declaradas secretas por el juzgado de instrucción 12 de Palma, del que Penalva era el titular.

El ministerio público detalla que, para la mejor comunicación entre los acusados y a instancia del magistrado acusado, en enero de 2016 se creó un grupo de Whatsapp al que llamaron "Operación Sancus", donde Penalva, Subirán y tres de los policías pusieron de manifiesto las filtraciones que supuestamente los encausados facilitaron a los medios de comunicación.

"Ninguno de los acusados llevó a cabo conducta alguna para impedir la revelación de las actuaciones sumariales y tras la divulgación del contenido de estas, no hicieron nada por perseguir el delito de revelación de secretos", apunta Anticorrupción.

Además, la Fiscalía señala como ilegales nueve detenciones de funcionarios del Ayuntamiento de Palma, altos cargos municipales y un empresario a quienes el juez instructor consideró presuntamente responsables de un supuesta adjudicación irregular del servicio de control de la zona de aparcamiento regulado de la ciudad, una causa que finalmente acabó sobreseída. Dos de estos detenidos fueron enviados a prisión provisional.

También se les acusa de detener ilegalmente a los padres y el hermano del exconcejal de Palma y exdiputado del PP Álvaro Gijón, a quien investigaban después de que un testigo protegido le hubiese atribuido el cobro de una comisión por una adjudicación del consistorio. Este caso también acabó archivado.

El ministerio público achaca también a los procesados presiones a detenidos, personas investigadas y testigos del caso Cursach y en otros de los procedimientos que instruía el juzgado 12 de Palma.