Caso Cursach: La Justicia abre juicio oral contra Penalva y Subirán
EFE | 26/01/2023
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha abierto juicio oral contra el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, principales responsables de la instrucción del caso Cursach, a quienes la Fiscalía Anticorrupción acusa de detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia.
Según han informado fuentes judiciales, el Tribunal Superior ha dictado este jueves el auto de apertura de juicio contra Subirán, Penalva y cuatro policías a los que la Fiscalía imputa delitos similares durante la investigación en torno a la presunta trama corrupta en torno a las actividades del empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, quien resultó absuelto junto a otra quincena de acusados en un juicio celebrado ante la Audiencia de Palma
El juez y el fiscal, en la actualidad jubilados tras ser apartados del caso Cursach por las denuncias de filtraciones y otras irregularidades, se enfrentan a peticiones de penas de prisión que suman casi 240 años. El total de solicitudes de condenas para ellos y los otros cuatro encausados asciende a 576 años de reclusión.
El juicio estará condicionado por la repercusión que tenga sobre las pruebas recabadas la anulación de varias actuaciones con las que el magistrado que sucedió a Penalva en la instrucción, Miguel Florit, intentó constatar la filtraciones a medios de comunicación de datos recogidos en la causa cuando estaba declarada secreta.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha admitido los recursos interpuestos por Europa Press contra las órdenes de registro, requisa de teléfonos móviles y ordenadores y entrega de registros de llamadas ejecutadas por la Policía en las sedes en Palma de la agencia de noticias recurrente, del Diario de Mallorca y de la Agencia EFE, y contra los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre.
El alto tribunal regional aplica así la resolución del Tribunal Constitucional de marzo del año pasado que consideraba que se había vulnerado el derecho de los periodistas al impedirles impugnar las medidas que se aplicaron sobre ellos sin tener la condición de investigados.
El efecto de este auto respecto a la posible nulidad de pruebas contra Penalva, Subirán y los policías se dilucidará en las cuestiones previas del juicio.
En el escrito de Anticorrupción se describen 27 casos de filtraciones a los medios de comunicación de información y actuaciones propios de la investigación del caso Cursach y del caso ORA, que estaban declaradas secretas por el juzgado de instrucción 12 de Palma, que dirigió Penalva.
Los acusadores públicos relatan que en un chat de Whatsapp que compartían se pusieron de manifiesto estas filtraciones, que los acusados no solo no persiguieron, como era su deber legal, sino que ejecutaron y utilizaron para dirigir la investigación en un sentido preconcebido y pactado.
Asimismo, la Fiscalía señala como ilegales nueve detenciones de funcionarios del Ayuntamiento de Palma, altos cargos municipales y un empresario a quienes el juez instructor consideró presuntamente responsables de un supuesta adjudicación irregular del servicio de control de la zona de aparcamiento regulado de la ciudad, una causa que finalmente acabó sobreseída. Dos de estos detenidos fueron enviados además a prisión provisional.
Igualmente, les acusa de detener ilegalmente a los padres y el hermano del exconcejal de Palma y exdiputado del PP Álvaro Gijón, a quien investigaban después de que un testigo protegido le hubiese atribuido el cobro de una comisión por una adjudicación del consistorio. Este caso también acabó archivado.
El ministerio público achaca también a los procesados presiones a detenidos, personas investigadas y testigos en el caso Cursach y en otros de los procedimientos que instruía en juzgado 12 de Palma con la intervención de los mismos agentes de la Policía Nacional.
