Multan a Caixabank con tres millones de euros por elaborar perfiles irregulares de clientes

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con tres millones de euros a Caixabank por realizar perfiles de clientes de forma irregular.

La resolución del organismo, de 113 páginas, considera que la entidad bancaria ha cometido una infracción muy grave de la normativa por los procesos que utiliza para recabar de sus clientes el consentimiento necesario para elaborar perfiles con fines comerciales, que acaban compartiendo todas las filiales del grupo.

Así, la Agencia considera que el consentimiento que pide Caxabank no es específico con los fines para los que se recaba, además de solicitarse para que todas las filiales del grupo puedan compartir los datos personales sin estar debidamente informado tampoco dicho consentimiento, al no especificar que la entidad consultará registros de solvencia o la Central de Riesgos del Banco de España para ofrecer al usuario productos financieros.

La AEPD, por tanto, considera que el consentimiento no es válido, lo que convierte el tratamiento en ilícito, y le impone una multa de tres millones de euros y da a la entidad seis meses para adaptar sus procesos a los criterios que exige el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Se trata de la tercera sanción que impone la Agencia a Caixabank tras los seis millones de euros en conjunto con los que multó a la compañía a principios de este año por vulnerar el RGPD.

Denuncia de 2018

La investigación de la AEPD parte de la denuncia de un particular en 2018 que descubrió que Caixabank había solicitado información suya a un fichero de solvencia pese a no tener ningún contrato con la entidad y que fue posteriormente incluido en una campaña comercial para ofrecerle un crédito.

En un primer momento, la denuncia no fue admitida a trámite porque el banco alegó que se trató de un "error humano y puntual", pero ocho meses después terminó abriendo el expediente actual.

Según la Agencia, el expediente se reabrió debido a la información recabada en otro procedimiento contra el grupo - el que acabó con las multas de 6 millones-. La entidad se quejó entonces de que podría existir una duplicidad de sanciones por los mismos hechos, ya que en ambos casos se investigaban los mismos hechos -la falta de consentimiento legal-.