La nueva Ley de Vivienda obligará a ceder los pisos que lleven vacíos más de 2 años

Las entidades que tengan más de diez pisos en propiedad, que hayan estado vacías y sin uso durante más de 2 años, tendrán obligación de inscribirlas en un registro y deberán ceder temporalmente su gestión al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) que las destinará a alquiler social.

Es una de las medidas que contempla el texto inicial de la futura ley de la Vivienda de Baleares que el Govern ha presentado hoy a las demás entidades representadas en la Mesa de la vivienda y cuya tramitación comenzará en un plazo breve, ha informado el ejecutivo autonómico en un comunicado.

La Ley de la Vivienda creará un registro de "pisos vacíos" y obligará a los llamados "grandes tenedores" (personas físicas y jurídicas con diez o más viviendas en propiedad, alquiler o usufructo) a inscribirlos en un registro de viviendas desocupadas, bajo sanción en caso de incumplimiento.

Se considerará "vacía", a efectos de las obligaciones derivadas de la ley, aquella que lleve un mínimo de dos años desocupada.

El registro de viviendas desocupadas se nutrirá tanto de las procedentes de desahucios hipotecarios como de otros que los grandes tenedores mantengan sin utilizar durante dos años o más.

Estas viviendas vacías -siempre en función de las necesidades- serán gestionadas por el Ibavi durante 3 años como parte de la bolsa de viviendas de alquiler social.

Los grandes tenedores también deberán ofrecer a las personas que se encuentren inmersas en un proceso de desahucio hipotecario la posibilidad de quedarse en la casa pagando un alquiler social, o bien brindarles una vivienda alternativa. La ley contempla el incumplimiento de esta obligación por las entidades bancarias como una infracción muy grave.

Además, la Ley refuerza el programa de cesión voluntaria de viviendas de particulares a cambio de su reforma y también para destinarlas a alquiler social.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado que el objetivo principal de la ley es "facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna" y a mantenerla y además incluye medidas para combatir la pobreza energética.

El Conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha explicado que la ley prevé la creación de un servicio de acompañamiento universal y gratuito para guiar a los ciudadanos en situaciones de riesgo de pérdida de su vivienda, como que no puedan pagar el alquiler o una hipoteca, y brindar información en procesos de compra, alquiler y financiación para que puedan defender sus derechos.

La Ley protegerá además los derechos a disponer de suministros básicos de agua, gas y electricidad, fijará mecanismos para evitar situaciones de pobreza energética y crea un fondo de pobreza energética.

Determina que las empresas comercializadoras, antes cortar el suministro, estarán obligadas a solicitar a los servicios sociales municipales información de si el deudor está en situación de pobreza energética, en cuyo caso no podrán ejecutar el corte y establecerán tiempos y canales para solucionar la situación.

Para garantizar la existencia suficiente de viviendas de protección oficial, la ley determina que todas las nuevas promociones mantendrán para siempre su calificación como VPO y prohibirá su venta por encima de su precio, una medida que no afecta a las VPO actuales.

Además, para combatir el fraude, se establecen las limitaciones de uso de las viviendas protegidas, y se prohíbe cualquier uso que no sea el de domicilio habitual.

El depósito de las fianzas de los contratos de alquiler será obligatorio y habrá sanciones si no se cumple, y habrá que acreditarlo para poder tener el alta de suministros.

La ley concreta un régimen sancionador detallado: las multas previstas pueden ir de los 60 a los 3.000 euros en caso de infracciones leves; y de entre 30.001 y 90.000 euros para las muy graves. El importe de las sanciones se destinará siempre a políticas de fomento de la vivienda pública.

El conseller Pons ha destacado que la ley parte de la problemática que ha evidenciado la crisis económica y al hecho de que la desinformación que han sufrido muchas personas ha dado lugar a desahucios cuando, paradójicamente, "existe un parque de viviendas vacías creciente en manos de grandes tenedores, especialmente, los bancos y las entidades de carácter inmobiliario, mientras se dificulta cada vez más el acceso a una vivienda a precio asequible".

Pons ha defendido que la ley busca la "protección del ciudadano en su derecho a la vivienda en condiciones de dignidad y la potenciación del alquiler social".