La Audiencia alude a la "prescripción" para no investigar los de crímenes de ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha emitido este sábado un comunicado donde niega haber recibido "directrices", "menos de carácter político", para apreciar la posible prescripción para algunos ex jefes de ETA en el marco de la investigación que busca determinar su implicación en el secuestro y asesinato en 1997 del joven concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco.

"Ni en ese procedimiento ni en ningún otro se han recibido directrices de ningún tipo, y menos de carácter político", ha sostenido el fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, subrayando que "la Fiscalía solo se rige por criterios legales y jurisprudenciales".

En este sentido, ha sostenido que "en dicho procedimiento como en todos los que se llevan ante este tribunal, la Fiscalía ha ejercido, ejerce y seguirá ejerciendo las labores que la Constitución y el Estatuto Orgánico le confieren", esto es, "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público" y "velar por la independencia de los tribunales", con sujeción a los principios de "legalidad e imparcialidad".

El Ministerio Público ha reaccionado así después de que en la declaración judicial del pasado jueves de los ex jefes de ETA Miguel Albisu Iriarte, alias 'Mikel Antza', y María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', acudiera un fiscal distinto al que suele llevar el 'caso de Miguel Ángel Blanco'.

Según fuentes jurídicas, durante dicha diligencia el fiscal Pedro Rubira no solicitó ninguna medida cautelar para 'Mikel Antza' y 'Anboto' pero sí tomó la palabra para apuntar a la posible prescripción de los delitos investigados, al tiempo que se mostró a favor de la reapertura del caso por cuanto las víctimas -dijo- tienen derecho a conocer la verdad.

El hecho de que acudiera Rubira en sustitución del fiscal Vicente González Mota hizo pensar que podría haberse producido un giro en la posición del Ministerio Fiscal tendente a estimar la prescripción de los delitos para la antigua cúpula etarra, si bien Alonso ha asegurado en la nota de prensa que "los criterios de actuación siguen siendo los mismos que existían al momento de la reapertura".

En este sentido, ha recordado que "la aplicación de la prescripción en nuestro ordenamiento jurídico es un concepto pacífico desde Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal". Desde entonces, ha aclarado, el cómputo de la misma comienza con la consumación del hecho delictivo y se interrumpe con la imputación.

No obstante, la Fiscalía hace hincapié en que "la prescripción, que se ha de declarar en el momento procesal oportuno, no impide ni obstaculiza estas primeras investigaciones abiertas en los distintos juzgados de la Audiencia Nacional".

A este respecto, ha recalcado que las reaperturas del 'caso Miguel Ángel Blanco' y otros referidos también a crímenes de ETA cuyos autores materiales ya fueron condenados, para perseguir a las cúpulas etarras que los permitieron, "siempre han contado y seguirán contando con el apoyo del Ministerio Publico".

CAMBIO DE FISCAL

Fuentes fiscales indican que la Fiscalía de la AN ha mantenido siempre el mismo criterio respecto a estas causas reabiertas para acorralar a los comités ejecutivos o zubas de ETA, que es la de apreciar la prescripción cuando hayan transcurrido los plazos pertinentes desde la comisión del delito, salvo que fueran interrumpidos por una imputación.

Las mismas fuentes subrayan que este ha sido el criterio aplicado al 'caso Miguel Ángel', donde la acusación particular de Dignidad y Justicia (DyJ) ha puesto encima de la mesa una novedosa doctrina que conduce a concluir que los delitos no han prescrito.

El fiscal González Mota expuso a sus colegas la posibilidad de explorar otras vías que permitieran eludir la prescripción, si bien no contó con su respaldo, por lo que al ser él quien se apartaba del criterio conjunto pidió ser relevado del caso y así se hizo, con lo que ha quedado fuera del mismo.

Pese a todo, las citadas fuentes enfatizan que, dado el tipo de procedimiento en el que nos encontramos, es posible reabrir para investigar en profundidad. Será una vez agotadas las pesquisas, en la fase intermedia, cuando se deba resolver la cuestión de la prescripción.

Señalan asimismo que en el 'caso Miguel Ángel Blanco' la responsabilidad criminal no habría expirado para los cuatro ex jefes de ETA señalados por el Juzgado Central de Instrucción Número 6. La causa podría continuar respecto a José Javier Arizcuren, 'Kantauri', contra quien se ha emitido una nueva Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para poder ser investigado por estos hechos, tal y como reclamó la Fiscalía.

La razón es que el entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya reabrió en 2016 el sumario del 'caso Miguel Ángel Blanco' para imputar a 'Kantauri' como inductor del crimen. Esta decisión judicial habría interrumpido los plazos de prescripción justo un año antes de que se cumplieran los 20 años que habrían extinguido su eventual responsabilidad penal.

De momento, el titular de dicho juzgado, Manuel García Castellón, mantiene imputados por este caso a 'Mikel Antza' y 'Anboto' y ha apreciado de oficio la prescripción respecto a Ignacio Miguel Gracia, 'Iñaki de Rentería'. La Fiscalía, el Partido Popular y Dignidad y Justicia ya han recurrido para que la investigación se dirija también contra este último.