Irregularidades en las oposiciones a la Policía Nacional: unos 30 baleares se quedan fuera

Esther Ballesteros | 04/01/2020

Unos treinta baleares que aspiraban a acceder a la escala básica de la Policía Nacional se han quedado fuera del proceso selectivo a raíz de las presuntas irregularidades producidas en la prueba de ortografía de las oposiciones. Se trata de una cifra que, a nivel nacional, se eleva a unos 3.900 afectados.

La indignación de los opositores es tal que estos han decidido combatir en bloque su exclusión. Así lo explica, en declaraciones a Crónica Balear, uno de los perjudicados en las islas. Afirma que el tribunal calificador incrementó de forma supuestamente ilícita y sin previo aviso la nota de corte establecida en el examen de ortografía.

Visiblemente enojado, el aspirante de Palma asevera que la Policía Nacional, "como institución que debe impartir justicia, no puede impartirla a su favor en un examen".

Según los criterios de la convocatoria publicados el pasado 4 de junio en el BOE, los opositores debían superar dos pruebas, la de conocimientos y la de ortografía.

Para aprobar la primera debían obtener al menos 50 puntos sobre 100. En el caso de la segunda, las bases no explicitaban el mínimo sino que remitían a la fórmula de corrección aplicada a la prueba de conocimientos.

Días después de realizar el examen -el pasado 30 de noviembre-, el aspirante palmesano acudió a ver los resultados convencido de que había superado las pruebas sin dificultad. Esto le permitiría pasar a la tercera y última fase de las oposiciones.

En pie de guerra contra las irregularidades en las oposiciones de la Policía Nacional

Sin embargo, se encontró con algo imprevisto. Como tantos otros, había sido excluido del proceso a raíz de la modificación al alza de la nota de corte en ortografía.

"Fue un mazazo", lamenta el opositor. "Se escudan en que pueden modificar la nota de corte a su favor. Pero en ninguna parte del BOE indica que se pueda incrementar, como sí se estipulaba en las bases de 2012", abunda. En aquella ocasión, la nota se fijó en un 7.

El afectado, como el resto de quienes han quedado fuera, lamenta que la Dirección General de Policía no se ha pronunciado por ahora. Pero los opositores ya han movido sus fichas.

Han impulsado una plataforma, Justicia 36 (en referencia al número de la promoción). Y hasta el momento han interpuesto más de 2.000 recursos de alzada ante la propia Policía contra la decisión del tribunal calificador.

Prevén alcanzar los 2.500 antes del próximo 11 de enero. Ese día está prevista la última fase de las oposiciones. Su objetivo, si el Cuerpo admite sus pretensiones, es poder presentarse a la misma y encarar así la recta final de las oposiciones.

En caso de que la Policía Nacional considere que no se ha producido ninguna irregularidad, los afectados contemplan interponer unos 600 recursos contencioso-administrativos.

Y tienen otro frente abierto: el de demostrar que cuatro palabras que los examinadores han calificado como mal escritas son, en realidad, válidas. Para ello cuentan con una carta sellada de la Real Academia Española (RAE) que da por buenas tales expresiones. Son las de "ciberataque", "LGTBI", "reditar" (que, al igual que "reeditar", los expertos consideran correcta) y preminente.

Bajo el paraguas de la RAE, con varias sentencias favorables a sus espaldas (una de ellas del Tribunal Supremo que establece que un opositor debe conocer con claridad los criterios la prueba a la que concurre) y el apoyo de los sindicatos policiales, los aspirantes confían en poder llevar a buen puerto sus reivindicaciones "por un proceso justo y transparente".

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