El Gobierno recuerda que el estado de alarma podrá volver a activarse después de mayo si hace falta

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que "si en un momento determinado hace falta el estado de alarma, el Gobierno siempre ha dicho que es un instrumento que se pone a disposición de la lucha contra la pandemia".

Así lo ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, justo dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que su objetivo es que el próximo 9 de mayo decaiga el decreto de alarma actual.

Montero, que se encuentra en Sevilla, en la inauguración de la nueva sede de CCOO, ha defendido la decisión del jefe del Ejecutivo alegando que siempre han dicho que "cuanto antes" pudieran "descabalgar el estado de alarma" lo harían.

Según la ministra de Hacienda, las CCAA tienen la mayoría de las competencias en materia sanitaria y hay una Ley de Salud Pública que ampara gran parte de las actuaciones que puedan emprender las autonomías para limitar la movilidad.

Esto significa, asegura, que hay un "marco jurídico suficiente" amparado y reforzado con el Consejo de Política Interterritorial en materia sanitaria, cuyas actuaciones decididas por consenso son "de obligado cumplimiento", según ha apostillado.

María Jesús Montero ha explicado también que el decreto del estado de alarma amparaba la restricción o la limitación de derechos fundamentales, algo que considera "extraordinariamente excepcional y grave". Por lo que la decisión de adoptarlo ha respondido solo a una situación de emergencia sanitaria, según ha señalado, opinando que en este punto la Legislación es extremadamente garantista porque se trata de adoptar decisiones para que las personas "no puedan salir de su domicilio, no se puedan mover".

RECHAZA LEGISLAR PARA EVITAR APLICAR EL ESTADO DE ALARMA

En este sentido se ha referido, aunque sin citarla expresamente, a la petición del Partido Popular de que desarrolle una Ley Orgánica de Pandemias para evitar recurrir al decreto de alarma. De hecho, ha rechazado esta propuesta, alegando que las restricciones de derechos fundamentales son "tan delicadas que están bien cómo el ordenamiento jurídico las tiene planteadas".

"Hay que ser extraordinariamente garantistas para promover un cambio normativo que haga que esos derechos fundamentales puedan residir en un lugar distinto que no sea la soberanía popular del Congreso de los Diputados o en un lugar distinto que no sea el refuerzo que los jueces le dan a las actuaciones que hacen las CCAA", ha apostillado.

En su opinión, con la Legislación actual hay una "doble garantía" siempre que se restringen los derechos fundamentales. Así, ha señalado que, en el caso del Gobierno de España, cuando promulga un decreto de alarma, hay una segunda instancia que es el Congreso de los Diputados que da el visto bueno.

Y ha añadido que cuando una CCAA cree que en el marco de su territorio tiene que restringir algún derecho fundamental, "parece lógico que haya una segunda instancia, en este caso, los tribunales".

"Se trata de cautela, de manejar con seguridad algo tan preciado para los ciudadanos, que los políticos tenemos que proteger, ni más ni menos que los derechos fundamentales, creo que son unas cuestiones tan delicadas que están bien cómo el ordenamiento jurídico las tiene planteadas", ha remachado.