Arranca el año judicial con juicios a Alberto Rodríguez (Podemos) y Villarejo

El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional retomarán su ritmo este 6 de septiembre con la apertura del año judicial y quince días después se celebrará el primero de una serie de juicios previstos en el calendario. En lo que queda de año pasarán por el banquillo de los acusados el secretario de organización de Podemos Alberto Rodríguez, el PP como presunto partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel en Boadilla del Monte, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

ALBERTO RODRÍGUEZ, AL SUPREMO

El 21 de septiembre, la Sala de lo Penal del Supremo juzgará al secretario de organización y diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y un delito leve de lesiones.

Según el relato de la Fiscalía, el 25 de enero de 2014 en La Laguna (Tenerife), Rodríguez propinó una patada a un policía durante una manifestación contra el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert que se celebraba bajo el lema "Rechazo a la LOMCE".

El magistrado a cargo de la instrucción, Antonio Del Moral, justificó su decisión de sentarle en el banquillo en "las declaraciones del agente policial que aparece como supuesta víctima, más la objetividad de los partes médicos". Rodríguez negó los hechos por los que fue imputado y enmarcó las investigaciones en su contra en "la criminalización de la protesta social".

El Ministerio Público pide una pena de seis meses de prisión para el dirigente 'morado', así como inhabilitación para el sufragio pasivo por el tiempo de condena y multa de 180 euros; añade, además, una indemnización de 250 euros para el policía que supuestamente pateó.

VILLAREJO, A JUICIO POR TRES PIEZAS

El 13 de octubre será el turno del comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien será juzgado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por tres de las piezas del denominado 'caso Tándem'.

Está previsto que el juicio se extienda hasta el 28 de enero, según el calendario fijado por los magistrados. En estas vistas se juzgará al comisario y a otros procesados por las piezas 2, 3 y 6 --Iron, Land y Pintor--, las primeras que llegan a juicio de la treintena que conforman la causa. Por ellas, la fiscalía pide más de 109 años de cárcel para Villarejo.

En 'Iron', donde consta la pena más elevada, Anticorrupción reclama 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros para el excomisario por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.

En 'Land', donde se ha investigado el encargo de labores de espionaje por la disputa en torno a la herencia del fundador de la urbanización de lujo 'La Finca', el Ministerio Público solicita para Villarejo 38 años y 10 meses de cárcel y una multa de 252.000 euros para.

En cuanto a 'Pintor', que versa sobre el encargo que habrían hecho al comisario jubilado unos empresarios para extorsionar a un exsocio y al abogado de este último --el exjuez Francisco Javier de Urquía--, Fiscalía pide 14 años de cárcel.

LA GÜRTEL EN BOADILLA DEL MONTE

A la lista de la Audiencia Nacional se suma el juicio de la Gürtel relativo a la trama de Boadilla del Monte. Está previsto que las sesiones comiencen el 10 de noviembre.

En esta causa, el PP volverá a sentarse en el banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo por presuntamente haberse beneficiado de las supuestas irregularidades cometidas por Arturo González Panero --exalcalde de la formación en la localidad madrileña conocido como 'el Albondiguilla'-- con una cuantía de 204.198,64 euros entre 2001 y 2009.

En concreto, el juicio se dirigirá contra 27 procesados y 13 personas jurídicas. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de 40 años y siete meses de cárcel para González Panero. También reclama 76 años y siete meses de prisión para el líder de la Gürtel, Francisco Correa, por los contratos adjudicados a la trama en Boadilla, según el escrito provisional de acusación.

La causa versa sobre la actuación del entramado personal creado por Correa, quien habría incorporado a funcionarios y autoridades del municipio a cambio de comisiones. Esta red habría dirigido en la práctica toda la contratación pública, con independencia de que los empleados públicos que la integraban participaran directamente o no en cada uno de los expedientes.

El Ministerio Público considera que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría sufrido un perjuicio de 4 millones de euros por la adjudicación eventualmente irregular de una parcela.

Correa, Crespo y uno de los empresarios procesados ya han reconocido en escritos remitidos a la Fiscalía y la Audiencia Nacional los hechos que el Ministerio Público refleja en su escrito de acusación.

EL NOMBRAMIENTO DE DELGADO

Además de los juicios, destaca en el calendario la votación y fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a los recursos interpuestos tanto por el PP como por Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Tendrá lugar el 19 de octubre.

Ambos partidos presentaron sus escritos ante el Alto Tribunal en julio de 2020 al dudar de la idoneidad e imparcialidad de Delgado para dirigir el ministerio público. La Abogacía del Estado intentó frenar los recursos y pidió al Supremo que los declarara inadmisibles al considerar que había una falta de legitimación activa de las dos formaciones para recurrir. La Sección Cuarta de lo Contencioso, sin embargo, rechazó archivar el procedimiento por el momento y aplazó la decisión sobre la legitimidad del PP en este asunto "al momento de dictar sentencia".

LOS INDULTOS

También se espera que en el último cuatrimestre del año la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resuelva el fondo de los recursos interpuestos tanto por Ciudadanos, como por Vox y por el PP sobre los indultos concedidos a los nueve condenados del 'procés' que se encontraban en prisión.

El pasado 13 de julio la Sala acordó rechazar las peticiones formuladas por los partidos liderados por Inés Arrimadas y Santiago Abascal, que requerían la suspensión cautelar de la medida de gracia.