Los ecosoberanistas de MÉS quiere poner fin al desperdicio de alimentos en Baleares
EFE | 16/04/2023
MÉS per Mallorca quiere poner fin al desperdicio de alimentos en Baleares y, con tal objetivo, impulsará en la próxima legislatura en el Parlament una de Ley de Despilfarro Alimentario.
El candidato a la presidencia del Govern de MÉS, Lluís Apesteguia, ha comunicado este domingo que el objetivo es claro: “hay que establecer acciones de prevención para reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario, y aumentar el aprovechamiento y la valorización de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria”.
MÉS pone el acento en el hecho de que el derroche alimentario es un problema que en los últimos años ha adquirido mucha relevancia, a nivel social y político.
En este sentido, Apesteguia alude a la conciencia social creada contra la alimentos que se genera a lo largo de la cadena alimentaria.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo humano en el mundo no son consumidos.
En la Unión Europea cada año se desperdician 88 millones de toneladas de alimentos con un coste asociado de 143 billones de euros.
En cuanto a las Islas Baleares, según el análisis del sistema de gestión de residuos municipales que realizó en su día la Conselleria e Medio Ambiente, se estima que cada año se tiran 63.723 toneladas de alimentos.
Teniendo en cuenta el estiércol generado en los hogares, la restauración y el comercio, esta cantidad total equivaldría a 46 kilos por persona.
En este sentido, los ecosoberanistas proponen una nueva ley en la que se tendrán que establecer las obligaciones de los diferentes agentes que intervienen en la cadena alimentaria para cumplir los objetivos fijados por la ley, es decir, acciones de prevención para reducir las pérdidas y el desperdicio.
Esta ley sería aplicable a todos los agentes implicados en la cadena alimentaria en las Islas Baleares, con independencia del lugar donde la entidad tenga su domicilio social.
Afectaría a las empresas alimentarias, de hostelería o restauración, consumidores, administración pública, recolectores y entidades de iniciativa social y organizaciones sin ánimo de lucro que presten servicios de distribución de alimentos.
Según Apesteguia, "es evidente que tanto la sociedad como los gobiernos deben afrontar esta cuestión lo antes posible, y debe hacerse contando con la implicación de todos los agentes afectados".
