El PP critica que tras 10 meses todavía no ha recibido el expediente sancionador del depósito de Son Toells

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Palma, por medio de la regidora Montse Oliveras, ha acusado al equipo de gobierno de "falta de eficiencia o de transparencia" porque tras 10 meses de haberlo solicitado por primera vez aún no le ha sido entregado el expediente completo incoado por parte de la Conselleria de Medio Ambiente al Consistorio, por el que se impuso una sanción y medidas cautelares por infracción medioambiental en el Depósito Municipal de Son Toells.

En este sentido, Oliveras ha recordado que el PP solicitó por primera vez el referido expediente el 8 de enero del año en curso y que, ante el silencio administrativo, se personó en las dependencias municipales de Sant Ferran, donde obtuvo como respuesta de la Jefatura de Departamento del área de Seguridad Ciudadana que en ese momento "no se podía facilitar" aunque comprometiéndose a la entrega del mismo "en cuanto lo tuviera preparado dada la extensión del mismo".

Por ese motivo, el PP ha cursado una tercera solicitud con el fin de tener acceso a al citado expediente así como a una copia de las actas levantadas y expedientes incoados por otras Administraciones en el mismo Depósito Municipal de Vehículos y a las denuncias presentadas por particulares.

Para la regidora popular "no es de recibo" pese a contar con "un 170 por ciento más de asesores", que el gobierno de José Hila tarde tanto tiempo en entregar el expediente.

Según han recordado, en el año 2016, se interpusieron varias denuncias por un presunto delito medioambiental continuado como consecuencia el posible vertido de contaminantes en un terreno rústico sin asfaltar en el Depósito Municipal de Son Toells.

A la vista de esas denuncias, en 2017 el Seprona inspeccionó el lugar y advirtió a los responsables municipales que no se cumplía con la normativa de los vehículos fuera de uso.

En octubre de 2019, la Conselleria de Medio Ambiente incoó un expediente sancionador con una propuesta de 40.000 euros y adoptó medidas cautelares que desembocaron en la orden de cierre del depósito.