Detectan deficiencias en el control de bienes del Estado que proceden de actividad delictiva

El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe en el que analiza el funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) y señala que ha detectado deficiencias en el control y gestión de los bienes y efectos de los que se hace cargo. Esta oficina, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene por objetivo colaborar con los órganos judiciales y fiscalías en la localización de bienes procedentes de la actividad delictiva para su decomiso, y para gestionarlos de manera eficaz.

Una de las razones de ser de la ORGA, dice el tribunal, es lograr "el estrangulamiento financiero de la criminalidad dado que ésta mueve importantes beneficios económicos". Asimismo, indican que busca la reversión de las ganancias ilícitamente obtenidas en proyectos de ayuda a víctimas y de lucha contra la criminalidad organizada.

Si bien el Tribunal de Cuentas analiza los años 2016 y 2017, realiza comentarios también de años posteriores dado que el informe se presentó el 26 de noviembre de 2020. Entre sus conclusiones, el tribunal fiscalizador indica que si bien la ORGA cuenta con manuales que definen su actividad, estos no explican por ejemplo los criterios de reparto de costes para los casos de ventas, tasaciones o destrucciones de bienes.

Tampoco recogen esas instrucciones la periodicidad con la que se ha de realizar la liquidación al Tesoro de los importes generados por aquellos expedientes con resolución judicial firme. Y añade que en la aplicación en la que se dan de alta los expedientes no se incluye un módulo de contabilidad en el que se plasmen los gastos, ingresos y valoraciones relacionados con la gestión de los bienes incluidos en cada expediente.

A juicio del tribunal, esto ralentiza la obtención de estadísticas o datos cuantitativos que permitan evaluar la actuación de la ORGA de una manera eficiente, y dificulta la definición de los indicadores que se consideren más relevantes para el análisis de la información.

Al hilo, lamentan que en las memorias analizadas no existen "objetivos mensurables, concretos y delimitados temporalmente", ni indicadores cauntitativos o cualitativos, ni un horizonte temporal concreto, ni una previsión realista de gastos e ingresos. A esto suman una ausencia de justificación de los criterios para fijar los gastos de funcionamiento en un 5 por ciento de los recursos obtenidos, y que la ORGA no ha dispuesto de un programa presupuestario propio para su gestión como preveía la memoria.

CUENTA DE DEPÓSITOS Y CONSIGNACIONES

Sobre la cuenta de depósitos y consignaciones de la ORGA, que incluye cargos y abonos generados por la gestión de esos bienes encomendados por las autoridades judiciales, señalan que a final de 2017 el saldo ascendía a 18,2 millones de euros, y que a 30 de junio de 2019 ascendía a 30,1 millones. Destacan que su principal fuente de ingresos es el dinero decomisado en los procedimientos judiciales, en torno al 87% del saldo existente.

Como punto negativo señalan que los intereses devengados por esta cuenta no se han vinculado a cada expediente, lo que ha provocado que se haya ingresado el importe de los intereses en un apunte único sin distinción.

Esto ha originado que los intereses no hayan formado parte del remanente de cada procedimiento judicial y, por tanto, no hayan sido objeto de reparto, ni tampoco de ingreso en el Tesoro, hasta el ejercicio 2020, lo que ha propiciado una acumulación de los intereses generados. "Esta situación no tiene cabida desde un punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos públicos", inciden.

ADJUDICACIÓN DE BIENES PRODUCTO DEL DELITO

Tras analizar el procedimiento de reparto de recursos a través de la Comisión de Adjudicación de Bienes Producto del Delito (CABID) --un total de 954.006 euros entre 2016 y 2018--, señalan que existen deficiencias como "la ausencia de unos criterios de valoración y evaluación para la selección de las propuestas a financiar" o una falta de delimitación de unos objetivos cuantificables e indicadores de impacto en los proyectos susceptibles de ser financiados.

A esto suman la ausencia de exigencia de unos requisitos de sostenibilidad del proyecto que garanticen su perdurabilidad en el tiempo a la conclusión de la financiación, o la ausencia de un plazo para la presentación de la documentación justificativa de esos proyectos.

Señalan además que se desconoce el número de propuestas presentadas o los criterios de selección de las mismas, y que de las elegidas, el contenido de una no guardaba relación con los objetivos prioritarios de los recursos obtenidos por la ORGA, y en otra, por ejemplo, no se concretaba un calendario de ejecución.

En relación al sistema de autofinanciación de la ORGA, el Tribunal de Cuentas detalla que de los ingresos obtenido por este órgano desde su creación, 2,15 millones, el Ministerio de Hacienda ha deducido 249.000 euros para cubrir sus gastos y costes. Pero explican que los gastos reales de gestión y de funcionamiento de la oficina han ascendido a un total de 28.713 y 1,67 millones, "lo que refleja un déficit de financiación de 1,45 euros desde el inicio de la actividad (...) que en términos relativos representa el 85% de sus costes.

Por todo ello inciden en que la ORGA no ha efectuado un uso adecuado de los instrumentos previstos para cumplir con los principios de buena gestión. Una de las principales deficiencias presentadas ha sido "la inexistencia de una planificación estratégica plurianual", señalan.

RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Tras analizar las deficiencias, el tribunal fiscalizador realiza una serie de recomendaciones, entre las que están que concrete en sus manuales los criterios de reparto de costes para la venta, tasación o destrucción de bienes, o que determine el tiempo que debe transcurrir entre la resolución judicial y la liquidación al Tesoro, para evitar saldos inoperativos en la ORGA.

También apuntan que esta oficina debe contar con una aplicación informatica para la gestión de los expedientes, y que se implemente una contabilidad analítica fiable que permita calcular los costes de funcionamiento de la ORGA para garantizar de forma efectiva su autofinanciación.

Asimismo, señalan que es conveniente que se instaure un procedimiento mediante el que haya traspasos periódicos al Tesoro, y que se refuerce y evalúe de manera exhaustiva el reparto de bienes aplicado por la CABID para proyectos para evitar deficiencias. Por último, recomiendan que la ORGA cuente con su propio programa presupuestario que permita una gestión más eficaz de los recursos, y que la planificación de esta oficina, dependiente de Justicia, cuente con objetivos e indicadores concretos y cuantificables.