¿Qué es un mena? Una guía sobre la polémica distribución de los menores inmigrantes en España

Los menores inmigrantes no acompañados, conocidos como menas, son niños, niñas y adolescentes que llegan a España sin la compañía de un adulto responsable legalmente de ellos. La mayoría tienen entre 14 y 17 años, son principalmente hombres y proceden principalmente de Marruecos, Argelia y algunos países del África subsahariana, aunque también hay casos de menores de América Latina y Oriente Medio.

Sus motivos de migración incluyen, en la mayoría de los casos, la falta de oportunidades económicas, la violencia familiar, la inestabilidad política y el deseo de reunirse con familiares que ya residen en Europa. 

Estos menores llegan a España a través de rutas peligrosas, como en pateras o cayucos hacia Canarias, Andalucía y Baleares, ocultos en camiones o bajo vehículos para cruzar en ferry a Ceuta y Melilla, saltando las vallas fronterizas de estas ciudades o, en menor medida, con documentación falsa o visado de turista. Una vez en territorio español, quedan bajo la tutela del Estado y son acogidos en centros gestionados por las comunidades autónomas, donde reciben alojamiento, educación y asistencia psicológica. Sin embargo, muchos centros están saturados y carecen de recursos suficientes. Incluso, algunos menores abandonan estas instalaciones por miedo a la deportación o en busca de mejores oportunidades en otras ciudades.

Entre las principales dificultades se encuentran la discriminación social, los obstáculos legales para obtener permisos de residencia y trabajo al cumplir 18 años, el riesgo de caer en redes de explotación y las barreras idiomáticas que dificultan su integración. Aunque España está obligada a proteger sus derechos según la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y la Ley de Extranjería, la aplicación de estas medidas varía según la comunidad autónoma y la disponibilidad de recursos. 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LOS MENAS EN ESPAÑA?

En los últimos días, se está discutiendo la inmigración ilegal en España debido a que algunas ciudades y comunidades autónomas están al límite con la acogida de menores no acompañados. En los últimos días, el Gobierno de España ha aprobado un real decreto que modifica la Ley de Extranjería para establecer un sistema de reparto con el objetivo de aliviar la presión en regiones como Canarias y Ceuta, que sufren una saturación total en sus servicios debido a la elevada cantidad de menores inmigrantes que tienen en acogida.

El sistema de distribución que han propuesto se basa en criterios como la población, la renta per cápita, la tasa de desempleo y el esfuerzo previo en la acogida de menores. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid acogerá a 806 menores, Andalucía a 796 y Cataluña a 26. Además, se ha destinado una partida de 100 millones de euros para compensar económicamente a las comunidades autónomas receptoras.

Este acuerdo no ha sido bien recibido por todas las Comunidades Autónomas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que llevará el pacto ante la Unión Europea, criticando que Cataluña reciba menos menores en comparación con Madrid. Por su parte, la presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens, ha expresado su rechazo al reparto y ha señalado que la comunidad explorará todas las vías posibles para impugnar la medida, argumentando que Baleares ya ha acogido a un número significativo de migrantes en el pasado.

Incluso ha habido comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que se han negado a participar en la acogida de menores migrantes si el Gobierno central no garantiza la financiación y los recursos necesarios para proporcionar una atención adecuada, acusando además, al Gobierno, de realizar una distribución basada en criterios políticos. 

Según datos recientes, casi 6.000 menores migrantes no acompañados se encuentran actualmente en Canarias, viviendo en condiciones de hacinamiento y en centros de acogida desbordados. Esta situación ha sido denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional, que alertan sobre las condiciones inadecuadas y los riesgos para los derechos de estos menores.