Propietarios de pisos ocupados se manifiestan en Madrid contra la suspensión de desahucios

Medio centenar de personas, en su mayoría propietarios de viviendas ocupadas por familias vulnerables, se han manifestado este sábado en Madrid para exigir la derogación del decreto que, desde 2020, prohíbe los desahucios hasta que la administración ofrezca una alternativa habitacional.

La protesta fue convocada por la Plataforma de Afectados por la Ocupación y la Inquiocupación y la recientemente creada Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij). Los manifestantes se concentraron frente al Congreso de los Diputados, portando pancartas y haciendo sonar pitos, mientras coreaban: "¡Decreto covid fuera!".

DENUNCIAS POR GASTOS Y OBLIGACIONES FISCALES

Purificación Ramos, representante de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, denunció que el decreto no solo les impide recuperar sus propiedades, sino que también les obliga a pagar todos los suministros de las viviendas ocupadas y a seguir tributando a Hacienda por ingresos que no perciben.

Ramos relató su caso personal: desde hace cuatro años, una familia vulnerable —compuesta por una madre divorciada y dos hijos mayores de edad que estudian— reside sin pagar alquiler en su vivienda en Alcalá de Henares.

"En nuestra plataforma hay personas que han tenido que malvender sus pisos a fondos de inversión porque no pueden mantener las cargas de sus propias familias y de otras. Algunos han dejado de pagar sus hipotecas y se han visto obligados a regresar a casa de familiares", explicó Ramos.

PRÓRROGA DEL DECRETO HASTA 2025 Y COMPENSACIONES INSUFICIENTES

Los manifestantes reconocen la importancia de apoyar a las familias vulnerables, pero insisten en que esta responsabilidad no debe recaer sobre los propietarios particulares. "Para eso está el Estado", recalcaron.

El Gobierno aprobó en marzo de 2020 la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, mediante el Real Decreto-ley 11/2020 como medida para mitigar los efectos de la pandemia.

Desde entonces, la medida ha sido prorrogada, siendo la última extensión aprobada en diciembre, que prolonga la prohibición hasta finales de 2025. El decreto también contempla que los arrendadores podrán solicitar, hasta el 31 de diciembre de 2026, una compensación en determinadas circunstancias.

Sin embargo, este nuevo decreto aún debe ser convalidado en el Congreso, donde partidos como Junts per Catalunya y el PNV no han confirmado su apoyo, necesario para su aprobación.

DENUNCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS

Ana Pavón, portavoz de Aprovij, denunció que en los últimos años los propietarios de viviendas han ido perdiendo derechos, a pesar de que la propiedad privada está protegida por la Constitución.

Acusó a las administraciones públicas de no cumplir su obligación de ofrecer alternativas habitacionales a las familias vulnerables. "No lo hacen y no ayudan a estas personas. Si intentas actuar por tu cuenta, la que puede acabar en la cárcel eres tú", lamentó Pavón.

Además, Pavón, quien también representa a Madrid VUT, plataforma de pequeños propietarios de viviendas turísticas, criticó las restricciones impuestas por el Ayuntamiento de Madrid a este tipo de alquileres.