El Gobierno impondrá los criterios de reparto de menores migrantes si no llegan a un acuerdo antes del 20 de junio
Si no hay consenso, se aplicará el decreto aprobado por el Ejecutivo, que fija plazos y condiciones para la reubicación de menores desde Canarias, Ceuta y Melilla
cronicabalear.es | Mallorca, 19 de Marzo de 2025 | 10:48h

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que regula la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de España. Esta norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en vigor desde este jueves, introduce nuevos criterios y plazos para gestionar la situación de contingencia migratoria extraordinaria.
APROBACIÓN DE LOS CRITERIOS EN UN PLAZO DE TRES MESES
Los criterios para declarar esta situación deberán ser aprobados en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en un máximo de tres meses, antes del 20 de junio. Si las comunidades autónomas no logran un acuerdo unánime en este foro, el reparto se realizará según lo establecido en el Real Decreto-ley, que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Según el documento titulado "Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia", la distribución de menores migrantes no acompañados se basará en factores como la población, la renta per cápita, la tasa de paro, el número de plazas de acogida, el esfuerzo realizado previamente y la condición de ciudad fronteriza o insularidad. No obstante, estos criterios pueden ser modificados por la Conferencia Sectorial.
PLAZOS PARA LAS REUBICACIONES
El traslado de menores desde territorios con sobreocupación, como Canarias y Ceuta, deberá realizarse en un año, es decir, antes del 20 de marzo de 2026. Para futuras reubicaciones, el decreto fija un plazo máximo de 15 días naturales desde la inscripción del menor en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados para su traslado a la comunidad autónoma de destino.
El Gobierno establece que, en circunstancias normales, las comunidades autónomas deben dar su conformidad al reparto de menores migrantes, como ya ocurrió en el Acuerdo del 30 de septiembre de 2022. Sin embargo, en casos de contingencia migratoria extraordinaria, el reparto será obligatorio.
¿CUÁNDO SE DECLARARÁ UNA CONTINGENCIA MIGRATORIA EXTRAORDINARIA?
La situación de contingencia migratoria extraordinaria se declarará cuando el sistema de protección de menores migrantes de una comunidad autónoma supere en tres veces su capacidad ordinaria.
El Ejecutivo justifica la urgencia de esta norma argumentando que la llegada masiva de menores migrantes a España ha generado una sobrecarga insostenible en los servicios de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. Además, sostiene que la respuesta a esta crisis no puede recaer únicamente en las autonomías receptoras, sino que debe ser asumida por todas las administraciones competentes.
LAS CCAA DEBERÁN INFORMAR SOBRE SU CAPACIDAD DE ACOGIDA
Para determinar la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma, se utilizará un cálculo basado en la población total a 31 de diciembre del año anterior y el número de menores migrantes atendidos por el sistema de protección español. Las comunidades deberán remitir estos datos antes del 31 de marzo de 2025, con inscripción previa en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia.
A partir de 2026, esta capacidad máxima se aprobará anualmente, y cada comunidad deberá enviar antes del 15 de enero la certificación de su número máximo de menores atendidos. El Gobierno ha garantizado recursos financieros para la aplicación del decreto con la creación de un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, que en 2025 contará con un crédito extraordinario de 100 millones de euros.
UN ACUERDO CLAVE PARA EL APOYO DE JUNTS
La aprobación de esta reforma se ha producido tras un acuerdo entre el Gobierno y Junts, lo que ha permitido que la iniciativa avance en el Congreso de los Diputados. La formación de Carles Puigdemont cambió su postura en esta materia tras pactar con el PSOE el traspaso de la gestión de inmigración a Cataluña.







