El juez del Supremo cita a declarar al fiscal general como imputado el 29 de enero
EFE | 13/01/2025

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha decidido citar a declarar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, los próximos 29 y 30 de enero, respectivamente. Ambos serán investigados por una posible revelación de secretos relacionada con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La decisión del juez se basa en indicios que apuntan a la implicación de García Ortiz y Rodríguez en la filtración de información sobre la investigación por fraude fiscal que afecta a González Amador, así como sobre las conversaciones que mantenía con la Fiscalía para llegar a un acuerdo.
En su auto, Hurtado señala que el correo electrónico filtrado salió de la Fiscalía y llegó a la Presidencia del Gobierno, desde donde posteriormente fue remitido al medio de comunicación ElPlural.com.
El magistrado sostiene que existen indicios sólidos que sugieren la participación directa de García Ortiz en la filtración del correo en el que la defensa de González Amador proponía un pacto al fiscal encargado de la investigación. Esta afirmación se apoya en un informe de la Guardia Civil, que describe la "participación preeminente" del fiscal general en la difusión de la información, destacando su influencia sobre otros fiscales debido a su cargo jerárquico.
Además, Hurtado ha ampliado la investigación para incluir al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, citándolo a declarar el 5 de febrero. Se investiga si Villafañe colaboró en la revelación de información confidencial relacionada con González Amador, información que habría obtenido por su posición y que no debía hacerse pública.
EL ROL DEL FISCAL GENERAL EN LA FILTRACIÓN
El juez resalta que la actividad de García Ortiz la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se publicaron detalles sobre el correo de González Amador, es indicativa de su implicación. Esa noche, la fiscal Pilar Rodríguez le envió a las 21:59 horas el correo entre el abogado del empresario y el fiscal del caso. Poco después, a las 23:51, dicho correo fue difundido por la Cadena SER.
Según el magistrado, la rapidez con la que el fiscal general intentó obtener este documento revela su interés urgente en acceder a esa información, que no había sido enviada previamente a la Fiscalía General el 8 de febrero por Diego Villafañe.
Aunque dos periodistas declararon haber tenido acceso al correo antes de las 21:59 horas, el juez considera que no aportaron pruebas objetivas que lo confirmen, mientras que otros testimonios contradicen esa versión. Por ello, Hurtado concluye que la difusión del correo se produjo tras su recepción por parte del fiscal general.
TRAYECTORIA DEL CORREO FILTRADO
El auto también indica que el correo en cuestión fue remitido desde la Fiscalía General del Estado a la Presidencia del Gobierno y, posteriormente, llegó al medio ElPlural.com. El juez sostiene que desde Presidencia se puso este documento a disposición del exlíder del PSOE madrileño, Juan Lobato, para su uso político en la Asamblea de Madrid.
Ante las dudas de Lobato sobre la procedencia del correo, desde la Presidencia se habrían realizado gestiones para que ElPlural.com lo publicara, aunque ocultando los datos personales. Esta versión fue la que finalmente mostró Lobato, a diferencia del documento recibido directamente desde Presidencia, que no estaba editado.
CONEXIONES ENTRE LOS FISCALES RODRÍGUEZ Y VILLAFÁÑE
El juez considera que existen pruebas suficientes para investigar a Pilar Rodríguez, quien habría facilitado a Diego Villafañe el expediente de González Amador, filtrado el 12 de marzo en eldiario.es. Además, Rodríguez habría contribuido a enviar el correo a la Fiscalía General, consciente del propósito de esta acción.
Villafañe, como fiscal de la Secretaría Técnica y persona de confianza de García Ortiz, solicitó directamente a Rodríguez la documentación. Hurtado cree que Villafañe podría haber tenido un papel relevante, aunque de menor grado, en la filtración.
Finalmente, el magistrado defiende el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, destacando su profesionalidad y recordando que la Fiscalía ha respaldado sus informes en otras investigaciones.