El Dieselgate, nueve años después, queda visto para sentencia
Se descubrió que Volkswagen, Audi, Skoda y Seat equipaban sus vehículos con un software que alteraba los resultados de emisiones contaminantes
Redacción | 22/10/2024
El caso 'Dieselgate', que estalló hace nueve años tras descubrirse que Volkswagen, Audi, Skoda y Seat equipaban sus vehículos con un software que alteraba los resultados de emisiones contaminantes durante las pruebas de medición, ha quedado hoy visto para sentencia.
El nuevo juicio entre la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y el Grupo Volkswagen, celebrado ante el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, marca un paso clave en la lucha judicial por este fraude, que la empresa alemana admitió tras reconocer que sus motores emitían hasta 40 veces más NOx de lo declarado en las pruebas manipuladas.
La OCU ya había obtenido una sentencia favorable hace cuatro años en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid, pero esta fue revocada en segunda instancia debido a una supuesta falta de jurisdicción, lo que llevó a la repetición del proceso judicial en Barcelona.
IMPACTO DEL FRAUDE EN LOS CONSUMIDORES
La OCU ha denunciado que las acciones fraudulentas del Grupo Volkswagen han tenido graves consecuencias para miles de propietarios de vehículos afectados en España. No solo se ha producido una significativa pérdida de valor en sus automóviles, sino que también ha generado preocupaciones sobre los efectos negativos en la salud. La exposición prolongada al exceso de óxidos de nitrógeno (NOx) está vinculada con un aumento en enfermedades respiratorias en niños, así como un agravamiento de las afecciones en personas asmáticas, enfermedades crónicas y problemas como bronquitis y neumonías.
VOLKSWAGEN NO OFRECE COMPENSACIONES EN ESPAÑA
A diferencia de lo ocurrido en países como Alemania, Austria, Italia, Estados Unidos y Australia, donde Volkswagen llegó a acuerdos con organizaciones de consumidores para compensar a los afectados, en España la compañía no ha ofrecido compensación alguna. Según la OCU, las estrategias del grupo en España se han centrado en dilatar el proceso judicial.
LA ESPERANZA DE UNA SENTENCIA FAVORABLE
La OCU confía en que, en esta ocasión, la justicia española emita un fallo favorable para los 7.500 usuarios representados en la demanda, quienes reclaman una indemnización de 3.000 euros por persona por los daños sufridos.
Además, la OCU ha instado al Gobierno a endurecer las sanciones contra aquellos que infrinjan las normativas de protección al consumidor y a acelerar la transposición de la Directiva de Acciones Colectivas en Defensa de los Consumidores.
Esto mejoraría las posibilidades de reclamación ante fraudes masivos como el Dieselgate, que ha afectado a millones de usuarios en todo el mundo.
