El hombre relató en el juicio que lo había hecho en forma de "protesta" ante la denegación del subsidio que había solicitado a la Seguridad Social
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un pensionista jubilado, de 71 años, por tratar de incendiar una oficina de la Seguridad Social en Madrid en 2023 a tres años de prisión y a indemnizar a un policía que resultó herido y al Ministerio del Interior por los daños en su uniforme.
La sentencia declara probado que Luis Antonio C.R. acudió sobre las 13:40 horas del 16 de agosto de 2023 a la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) situada en el número 102 de la calle de Serrano de Madrid y comenzó a verter gasolina por el suelo.
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Ante el peligro que representaba para el resto de ciudadanos un vigilante de seguridad forcejeó con el pensionista para arrebatarle el bidón de seis litros que portaba y entonces éste sacó un mechero para amenazarle, por lo que tuvo que pedir ayuda a un compañero.
Los gritos de los ciudadanos que salían corriendo del interior de la oficina alertaron a dos policías nacionales que se encontraban apostados a la entrada de la embajada de Estados Unidos y que acudieron corriendo hasta el lugar.
Al entrar el primero de los agentes se abalanzó sobre Luis Antonio y consiguió apretar su mano para que no encendiera el mechero momento en el que el segundo policía le alcanzó y le esposaron.
Además, el tribunal destaca de acuerdo con el testimonio de uno de los policías que el anciano le dijo al ser detenido: "Si usted cree en la Virgen… porque hoy no era su día, pero usted iba a morir quemado conmigo".
Este agente sufrió una intoxicación y su uniforme quedó completamente cubierto de gasolina, por lo que el acusado deberá indemnizarle con 100 euros y al Ministerio del Interior con 112.
Asimismo, deberá pagar 120 euros a un ciudadano cuyo teléfono quedó inutilizado por el carburante.
El hombre relató en el juicio que lo había hecho en forma de "protesta" ante la denegación del subsidio que había solicitado a la Seguridad Social y que, apenas unos días después del episodio, le fue finalmente concedido: "tuve que hacerlo ante la ineptitud de la administración", añadió.
Por estos hechos la Fiscalía solicitaba una pena de seis años de prisión por incendio en grado de tentativa y un delito leve de lesiones, aunque el tribunal ha decidido imponerle una condena de tres años de prisión y 180 euros de multa.