Fiscalía y Abogacía respaldan amnistiar a Puigdemont frente a la negativa del Supremo

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Constitucional que conceda el amparo al expresident catalán Carles Puigdemont ante la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía.

El Ministerio Público y la Abogacía del Estado han presentado sus escritos ante la corte de garantías en los que abogan por estimar el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación, según avanza El Español.

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A grandes rasgos, consideran que el alto tribunal debió de aplicarle la amnistía y critican la manera que empleó el Supremo a la hora de interpretar la norma y esquivar su aplicación a la malversación porque la voluntad del legislador era clara.

"Lo que debió hacer el Tribunal Supremo es proceder a la aplicación de la Ley de Amnistía conforme a la voluntad de legislador", señala la Abogacía del Estado en su escrito.

Dicen los servicios jurídicos del Estado que "la interpretación de la ley como norma penal no puede hacerse de manera que resulte absolutamente imprevisible su interpretación y sin ningún soporte, como ha sucedido con la realizada por el Tribunal Supremo".

DURAS CRÍTICAS A LA INTERPRETACIÓN QUE HIZO EL SUPREMO

Es por ello que, continúa, "este caso constituye un supuesto de interpretación no motivada e irrazonable de la ley que alcanza la gravedad suficiente para entender vulnerado el artículo 24 de la Constitución, superando el margen de apreciación que el sistema constitucional español reconoce, como no puede ser de otra manera, al Tribunal Supremo para la interpretación de las normas".

Mientras que la Fiscalía señala en su escrito que "los razonamientos en los que el Supremo apoya su interpretación de la Ley de amnistía no se ajustan al canon del artículo 24.1 de la Constitución en su vertiente genérica de derecho a una resolución jurídicamente fundada exenta de error patente, irrazonabilidad y arbitrariedad".

Porque, explica, la decisión del alto tribunal "carece, sin embargo, de toda justificación argumental y, lo que es más determinante, de sustento real" porque "basta con leer el preámbulo de norma para comprobar que la voluntad política del Legislador no es restringir la aplicación de la amnistía (...), sino, como repetidamente ha citado el demandante, finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista".

El Ministerio público menciona la "cadena de contradicciones y saltos argumentales difícilmente compatibles" con la carta magna que conduce, todo ello, a "una clara vulneración del artículo 24.1".

EL TC A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DE LA JUSTICIA EUROPEA

Con sendos escritos ya sobre la mesa, la decisión de la corte de garantías está cada vez mas cerca pero condicionada a lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre las cuestiones prejudiciales que elevaron los tribunales españoles, un fallo que se espera que se conozca como tarde en el mes de marzo.

El abogado general del TJUE ya despejó el camino cuando el pasado noviembre avaló la ley en un informe en el que dijo que la norma se dio "en un contexto real de reconciliación política y social" y que "no existe un vínculo" directo entre los gastos del procés y un perjuicio a las finanzas europeas, como sí entiende el Supremo.

Una vez que la Justicia europea resuelva esta cuestión, el Constitucional ya sí podrá abordar directamente la resolución del recurso que, incluso en caso de que fuera favorable al expresident, correspondería siempre al alto tribunal su aplicación.

Mientras tanto, Puigdemont continúa sin poder regresar a España una vez que hace dos semanas el Tribunal Constitucional acordó por una mayoría de 10 a 1 mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo.