PP y Vox rechazan las enmiendas de la izquierda y avanzan en la derogación de la Ley de Memoria

El PP ha apoyado este martes por segunda vez a Vox en el Parlament balear —la primera fue en octubre del año pasado— para derogar la Ley de Memoria Democrática, uno de los objetivos políticos del partido de Santiago Abascal, que lo reclamó a cambio de su voto favorable a los presupuestos de 2025.

Los votos de ambas formaciones han servido para rechazar las enmiendas a la totalidad defendidas por los partidos de izquierda (PSIB, Més e IU) contra la proposición de ley de Vox para derogar la norma autonómica de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

 

En octubre pasado, el PP de Marga Prohens, que gobierna la comunidad autónoma con Vox como socio político puntual, respaldó la toma en consideración de la derogación de esta norma, aprobada en 2018 cuando tenían mayoría los partidos de izquierda y que contó con el apoyo parcial de los populares.

Vox, que condicionó su apoyo a los presupuestos de 2025 a la eliminación de la Ley de Memoria, no respaldó sin embargo el proyecto presupuestario del Govern de Prohens de 2026, pero el PP necesita sus votos para sacar adelante sus iniciativas políticas más relevantes hasta final de legislatura, como la ley agraria.

Por orden de intervención en el debate de este martes, el diputado socialista Omar Lamin, que ha leído una lista de 50 asesinados y desaparecidos por el franquismo, ha advertido que el PP está derogando "su propia ley", porque en su día contribuyó a su aprobación.

"Ahora nos abocan a esta situación, diciendo a las víctimas del fascismo y sus familiares que su dolor y sus asesinatos ya no importan”, ha criticado Lamin, para quien "Prohens solo cumple sus compromisos con la extrema derecha".

La diputada de Més per Mallorca Maria Ramon ha recordado que esta ley se aprobó con el consenso de todos los partidos (Vox no tenía representación parlamentaria) para "unir, no para dividir", en favor de las miles de personas represaliadas que fueron "condenadas al olvido: una democracia madura no puede nacer sobre el silencio de las víctimas", ha sentenciado.

José María García, de IU, ha acusado al PP y la "ultraderecha" de Vox de ir en contra de los derechos humanos y de no reconocer los crímenes contra la Humanidad cometidos en la Guerra Civil y el franquismo.

En el turno de Vox, el diputado Sergio Rodríguez ha defendido que los "torturados" de uno y otro bando merecen el mismo reconocimiento público, lo que no prevé "sus leyes de memoria", que son "leyes revanchistas", ha calificado.

"Ustedes pretenden ganar el relato de una guerra que perdieron, porque ustedes se sienten los herederos del bando perdedor de la guerra civil, yo no defiendo al bando ganador", ha sostenido Rodríguez, para quien es muy importante derogar una ley "heredera del sanchismo y del zapaterismo", cuyo único propósito es "enfrentar a los españoles".

La diputada del PP Salomé Cabrera ha defendido a "todas las víctimas" y la reconciliación, evitando las divisiones en la sociedad, y que la memoria no sea un "arma política para manipular, imponer y utilizar a los muertos" con intención de dividir.

Cabrera ha rechazado el "relato de parte" que plantea la izquierda y ha propuesto una memoria en favor de un reconciliación nacional "efectiva", al tiempo que ha propuesto los valores democráticos de la "generosa" transición política española tras la muerte de Franco.

"El problema no es recordar, sino imponer qué recordar y un único relato de la historia", ha manifestado la diputada, que ha sostenido que no se puede "utilizar a los muertos de manera oportunista" y recordar "solo a 50 víctimas" y no a todas, de uno y otro lado.

A las puertas del Parlament, la Plataforma per la Memòria Democràtica ha vuelto a manifestarse y a reprochar al PP que esté “jugando a las cartas” con los derechos humanos.

Medio centenar de personas han exhibido carteles con mensajes como 'Sí a la dignidad y a la justicia', 'No nos callarán' o 'No a la derogación de la Ley de Memoria Democrática'”.

Su presidenta, Maria Antònia Oliver, ha declarado que ese proceso de derogación es “muy doloroso”, especialmente para las personas que aún viven y son “víctimas directas” de la represión franquista.