El colapso permanente de Extranjería en Baleares empeorará con la regularización de inmigrantes
La oficina arrastra un déficit de personal del 50%
cronicabalear.es | Mallorca, 05 de Febrero de 2026 | 14:50h

La situación de permanente colapso que vive la Oficina de Extranjería en Baleares empeorará con el arranque del proceso de regularización extraordinaria, previsto aproximadamente para dentro de dos meses. "El colapso que se espera a nivel nacional, aquí en Baleares será peor", ha señalado la delegada sindical del CSIF, María Fernández.
Según la representante sindical, el próximo arranque del proceso de regularización extraordinaria "pinta bastante mal" por la permanente situación de precariedad que atraviesa Extranjería en el archipiélago, que arrastra un déficit de personal del 50%, y con una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que tendría que ser actualizada.
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A día de hoy, ha advertido Fernández, Extranjería cuenta con una plantilla de tres funcionarios que, sin embargo, se marcharán en junio tras haber concurrido a un concurso de traslados. Por otra parte, hay seis interinos que, en principio, solo estarán hasta mayo, aunque su relación se pueda prolongar unos meses.
Sin embargo, aunque entre una plantilla nueva, ha añadido la representante del CSIF, las dificultades seguirán porque se tratará de personal que tendrá que ser formado. "Ya no es atractivo ni venir aquí ni quedarse", ha insistido. Fernández ha instado a los Servicios Centrales a atajar la problemática y alertado de que en cinco años "habrá un problema grave".
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LLAMAMIENTO A LA CALMA
Mientras tanto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha recordado que de momento no está abierto el plazo para la presentación de solicitudes para la regularización extraordinaria de personas migrantes y, en este sentido, hacen un llamamiento a la calma. La Secretaría de Estado de Migraciones ha subrayado que, de momento y hasta este viernes, el texto inicial está a audiencia pública, lo que significa que se abre a la participación ciudadana para su consulta y presentación de aportaciones. Una vez concluido este período, se incluirán las aportaciones que se estimen y se remitirá a diversas instituciones para la remisión de informes.
En este apartado, resultará fundamental el informe del Consejo de Estado, que otorgará las máximas garantías jurídicas a este Real Decreto, cuya redacción definitiva pasará de nuevo por Consejo de Ministros y, finalmente, será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Será entonces cuando comience el plazo de presentación de las solicitudes, que se prevé sea en torno a principios del mes de abril.









