Sánchez quiere perseguir penalmente a los altos mandos de las redes sociales por no retirar contenido ilícito

El Gobierno prepara un proyecto de reforma del Código Penal para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados penalmente responsables de las infracciones cometidas en sus servicios, en particular cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos.

Así lo ha anunciado durante su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que prevé aprobar está y otras reformas en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

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Según el Ejecutivo, esta reforma implica que "altos ejecutivos de empresas tecnológicas podrán responder penalmente por la inacción deliberada ante este tipo de contenidos". Para ello, se incluirá la reforma en un Proyecto de Ley Orgánica que será remitido al Parlamento e introducirá un régimen de responsabilidad penal específico para los "responsables últimos" de las plataformas, "poniendo fin a la impunidad derivada de la falta de control efectivo sobre los contenidos que se difunden bajo su supervisión".

Entre máximos responsables de plataformas digitales se encuentran el CEO y fundador de Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) es Mark Zuckerberg; el propietario de X, Elon Musk; o el CEO de Tik Tok, Shou Zi Chew.

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Además, el Ejecutivo también tipificará como nuevos delitos la manipulación de algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales, y la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos. Con ello, quiere reconocer que estos contenidos no surgen de forma espontánea, sino que son creados, impulsados y amplificados por actores concretos y por algoritmos diseñados para maximizar beneficios. En concreto, el Gobierno se refiere a Francia, que ya ha avanzado en su legislación sobre procesamiento reconociendo el impacto de la manipulación en algoritmos y que introdujo en su Código Penal delitos similares en 2023.

Al igual que la primera medida, esta se vehiculará a través de un Proyecto de Ley Orgánica que será tramitado en el Parlamento. La norma incorporará la responsabilidad penal de las plataformas cuyos algoritmos amplifiquen contenidos ilegales, "superando la idea de que la tecnología es neutral".

Igualmente, el Gobierno prevé desarrollar un sistema denominado 'Huella de Odio y Polarización', destinado a rastrear, medir y hacer visible "cómo las plataformas digitales fomentan la polarización social y amplifican el odio", según asegura el Ejecutivo. "El objetivo es transformar un fenómeno hasta ahora opaco en un elemento cuantificable y evaluable, generando un ranking de peores a mejores plataformas en relación con la presencia de odio y polarización en las mismas", añade.

Para ello, desarrollará una herramienta específica para analizar el comportamiento de las plataformas y de sus algoritmos en relación con la polarización y la promoción del odio. La información generada permitiría abrir debates sobre el control de las plataformas y los mecanismos para favorecer entornos digitales más seguros.

Junto a estas medidas, Sánchez ha recordado que se prohibirá el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. Posteriormente, el Gobierno ha especificado que esta prohibición se encuentra recogida en el proyecto de Ley de protección de menores en el entorno digital, actualmente en tramitación parlamentaria.

Además, el Gobierno trabajará conjuntamente con todos los poderes e instituciones, especialmente el Ministerio Fiscal, para prevenir, detectar, investigar y, en su caso, promover la acción de la justicia frente a las infracciones detectadas las posibles infracciones cometidas por plataformas como Grok o TikTok relativas a la generación con IA de contenido sexualizado vinculado a menores o a la difusión de los mismos.