Un trabajador del IMAS denuncia acoso laboral y violencia institucional

Un trabajador del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha hecho pública una denuncia por acoso laboral, violencia institucional y falta de apoyo sindical, en la que expone una cadena de actuaciones que, según afirma, evidencian "graves carencias estructurales" en la protección de los empleados públicos.

Según un comunicado difundido por un grupo de trabajadores contra la violencia institucional, el caso se remonta a 2024 y, a consecuencia, el afectado se encuentra en tratamiento psicológico tras sufrir una situación de acoso continuado. En mayo del año pasado, en 2025, se le abrió un expediente disciplinario con suspensión de empleo y pérdida de gran parte del salario, que atribuye a la actuación del responsable de su centro, sin que, asegura, se le hayan aportado pruebas sólidas ni permitido el acceso completo al expediente.

 

El trabajador inició también el protocolo interno de acoso, que debía resolverse en el plazo de un mes, aunque denuncia que este procedimiento ha quedado bloqueado durante meses, sin investigación efectiva ni acompañamiento institucional, lo que le ha generado una prolongada situación de incertidumbre jurídica y desgaste personal. En el comunicado, el afectado alerta de la falta de transparencia, del incumplimiento de plazos y de la utilización de la sanción económica como elemento de presión.

Señala, además, una presunta desprotección sindical por parte de la sección de CCOO en el IMAS, al denunciar una ausencia de asesoramiento jurídico eficaz, falta de seguimiento del caso y retirada progresiva del acompañamiento. Ello acabó llevando al trabajador a abandonar la afiliación, tras no obtener respuesta tampoco de los órganos superiores del sindicato.

 

Los firmantes del comunicado también consideran que el caso trasciende el ámbito individual y plantea un problema de interés público, especialmente en el sistema de protección de menores, donde los auxiliares educativos trabajan en contextos de alta exigencia emocional. Además, el grupo ha alertado que este tipo de actuaciones pueden disuadir a otros empleados públicos de denunciar situaciones de acoso por miedo a represalias y, en esta línea, exigen garantías reales para la defensa de los derechos laborales, la salud mental de los profesionales y la calidad del servicio público.