Denuncian que el acuerdo con Mercosur es "la sentencia de muerte" para los agricultores de Sa Pobla

El concejal y portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sa Pobla, Roberto Vicente, ha anunciado este sábado la presentación de una moción para el Pleno ordinario del próximo jueves. La formación exige el rechazo frontal del Consistorio al acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, un pacto que Vicente, califica como “una estocada mortal al corazón de nuestra economía local”.

“Mientras PP y PSOE se llenan la boca hablando de defender nuestras tradiciones, en Bruselas han firmado la sentencia de muerte de nuestro campo. Es una traición histórica. Han diseñado un acuerdo para que nuestros mercados se inunden de productos de Argentina o Brasil que no cumplen, ni de lejos, las exigencias ambientales, burocráticas y laborales que se le exigen a un agricultor de Sa Pobla o de cualquier lugar de Mallorca”, denuncia el concejal.

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El portavoz de Vox en Sa Pobla ha recordado que la localidad es, por historia y por esfuerzo, el huerto de Mallorca y un referente internacional: “Somos un pueblo de agricultores que se dejan la piel en el cultivo de verduras y hortalizas. Nuestra patata es reconocida en media Europa, pero ahora, la competencia desleal fomentada por Bruselas pone en jaque décadas de tradición y soberanía alimentaria”.

Según Vicente, el acuerdo elimina aranceles a productos extracomunitarios producidos con costes mínimos y bajo normativas fitosanitarias laxas, lo que supone un agravio comparativo: “Es el fanatismo climático de la Agenda 2030 y el Pacto Verde en su máxima expresión: criminalizan a nuestros productores con normativas asfixiantes mientras premian a los de fuera”.

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La moción de Vox en Sa Pobla insta al Gobierno central y al Govern balear a oponerse a la ratificación de este acuerdo y a reforzar de inmediato los controles en frontera. Además, denuncian la “maniobra antidemocrática” de la Comisión Europea para ratificar partes del acuerdo sin pasar por los parlamentos nacionales. “Los burócratas que jamás han pisado un campo de patatas no pueden decidir el futuro de nuestras familias. O se está con el sector primario o se está con los despachos de Bruselas que quieren arruinarnos”, ha concluido Roberto Vicente.

EL ACUERDO CON MERCOSUR: CLAVES Y POLÉMICAS

La firma del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur el 17 de enero de 2026 en Asunción, Paraguay, ha marcado un punto de inflexión estratégico tras más de dos décadas de negociaciones. El pacto pretende crear a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, integrando un mercado de 700 millones de consumidores y el 20% del PIB global. Para la economía española, las implicaciones son especialmente significativas en términos de exportación: se estima que el acuerdo eliminará aranceles para el 93% de los productos agrícolas de la UE, lo que supone un acceso preferente sin precedentes para sectores clave como el del vino, el aceite de oliva y los productos con denominación de origen. Además, la apertura de la contratación pública en los países del Mercosur permite a las empresas de servicios e infraestructuras españolas competir en igualdad de condiciones en licitaciones de gran escala.

Sin embargo, la implementación del acuerdo ha topado con un obstáculo institucional de calado apenas unos días después de su rúbrica. El 21 de enero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe si su estructura jurídica —que separa los pilares comercial y político para agilizar la ratificación— es compatible con los tratados de la Unión. Este movimiento, impulsado por la presión del sector agropecuario francés y español, ha congelado la entrada en vigor del pacto, que podría retrasarse entre 18 y 24 meses. El núcleo del conflicto reside en las denominadas "cláusulas espejo", ya que los agricultores europeos exigen que las importaciones de carne y cereales de Sudamérica cumplan estrictamente los mismos estándares ambientales y de seguridad alimentaria que se exigen dentro de la UE, una garantía que muchos colectivos consideran insuficiente en el redactado actual.