El Gobierno busca el acuerdo para subir el SMI con la flexibilización de la desindexación

El Ministerio de Trabajo presentará este lunes a patronal y sindicatos la propuesta negociada con el Ministerio de Hacienda para flexibilizar la desindexación de los contratos públicos, como parte del eventual acuerdo con los agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026.

Tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han explicado en los últimos días que dentro del Gobierno se estaba negociando una propuesta para cambiar la ley de desindexación y permitir que la subida del SMI se pueda trasladar en alguna medida a los contratos públicos. Esta propuesta se pondrá este lunes sobre la mesa del diálogo social, después de que en la última reunión el Ministerio de Trabajo planteara una subida del SMI del 3,1% hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, que de momento no tiene el visto bueno ni de la patronal ni de los sindicatos.

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La subida incluye mantener el SMI exento de tributación, una cuestión ya pacificada con el Ministerio de Hacienda, que tiene previsto aprobar una nueva deducción -en línea con la introducida el año pasado- para que en la práctica esté libre de IRPF. De esta forma, aquellos a quienes les toque pagar este año verán ese importe devuelto en la declaración de la renta el año que viene.

EXIGENCIAS DE LOS AGENTES SOCIALES

La patronal, que ofreció inicialmente un incremento del SMI del 1,5%, ve indispensable permitir indexar los contratos públicos al nuevo salario mínimo y recuerda que es algo que el Gobierno ya se comprometió a explorar hace más de cinco años. El cambio beneficiaría a un sector que emplea a 1,5 millones de trabajadores y que representa el 2,25% del PIB, según asegura la patronal alianzAS, que agrupa a empresas que dan servicio a la administración pública para el mantenimiento de edificios, restauración colectiva, atención a mayores, a dependientes y domiciliaria, gestión de instalaciones deportivas, atención al cliente, centros especiales de empleo y servicios energéticos.

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Esta patronal de servicios esenciales explica que para sus empresas el 90% de sus costes son los salarios, por lo que cualquier incremento del SMI tiene un impacto inmediato que no puede ser absorbido si no se revisan las condiciones económicas de los contratos, muchos de ellos de larga duración.

Además, se trata de una modificación que también defienden los sindicatos, que propusieron un alza del 2,7% siempre y cuando el SMI no tribute (o del 7,5% con tributación). La propuesta de Trabajo debería incluir también un compromiso para modificar la legislación para impedir que los complementos salariales puedan ser absorbidos o compensados para neutralizar la subida del SMI, un aspecto que reclaman los sindicatos pero discute la patronal.

Los sindicatos se han mostrado firmes en la defensa de este cambio, ya que ven la oportunidad de abordarlo en paralelo en la transposición de la directiva europea de salarios mínimos, que confían que se pueda aprobar en el mismo Consejo de Ministros que de el visto bueno al SMI para 2026.