La Sindicatura ha revisado tres subvenciones con convocatoria, 11 contratos no menores y 25 contratos menores
La Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares (SCIB) no ha obtenido evidencia de que las actividades presuntamente delictivas en el ámbito privado de la
exconcejala del
Ayuntamiento de Llucmajor Pilar Bonet se hayan extendido al ámbito público en el periodo 2019-2022.
Es una de las conclusiones del informe de la Sindicatura, realizado a petición del Parlament, sobre las subvenciones y contratos del Ayuntamiento de Llucmajor entre los años 2019 y 2022, después de que Pilar Bonet, que había sido concejal de Hacienda, renunciara como consellera de Hacienda y Función Pública del Consell de Mallorca tras la apertura de una investigación en su contra por supuesto desfalco en una empresa de servicios de transporte aéreo.
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La Sindicatura ha revisado tres subvenciones con convocatoria, 11 contratos no menores y 25 contratos menores, y el Área de Tesorería del Ayuntamiento, ha informado en un comunicado.
La Sindicatura "no ha obtenido evidencia de auditoría de que las actividades presuntamente delictivas en el ámbito privado de la exconcejala del Ayuntamiento de Llucmajor se hayan extendido al ámbito público en el periodo 2019-2022", afirma, aunque el informe ahora remitido al Parlament ha detectado limitaciones y 58 incidencias significativas y muy significativas.
La Sindicatura ha concluido que la actividad de fomento y contractual del Ayuntamiento de Llucmajor que ha revisado no resulta conforme a la normativa legal aplicable, por un elevado porcentaje de contratos tramitados sin los preceptivos expedientes de contratación y por incumplimientos vinculados al régimen jurídico del control interno.
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El informe contiene 53 recomendaciones al ayuntamiento para mejorar la actividad de fomento, contractual y de tesorería al amparo de la legislación aplicable. De estas, 12 corresponden a la gestión de subvenciones, 30 a los procedimientos de contratación y 11 a la gestión de tesorería.
En septiembre del año pasado, Bonet aceptó mediante un acuerdo de conformidad en el proceso judicial por fraude una pena de 2 años y 6 meses de prisión por estafar 2,1 millones de euros a la empresa en la que era responsable de contabilidad, movida por una adicción compulsiva a las compras tenida en cuenta para reducir la pena