Piden frenar casi 10.000 licencias VTC por riesgo de colapso del transporte en Baleares

La agrupación de Taxis-Pimem ha pedido al Govern que rechace la concesión de cerca de 10.000 licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) en Baleares, porque, a su juicio, sería "una hecatombe" que provocaría la "quiebra absoluta" de todos los medios de transporte en las islas.

Así lo ha aseverado el presidente de la entidad de taxistas, Biel Moragues, tras la reunión mantenida este miércoles en el Consolat de Mar con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, Territorio y Moviliad, José Luis Mateo.

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Este encuentro ha servido para evaluar las recientes sentencias judiciales que reclaman al Ejecutivo la tramitación de estas solicitudes, que se habían denegado durante la legislatura pasada, y que cuestiona la posible arbitrariedad de la ratio de VTC por cada taxi.

Para Moragues, estas cerca de 3.500 licencias en Mallorca y otras 6.500 en Ibiza harían "insostenible" el modelo balear a nivel "económico, viario y medioambiental". Además, ha criticado que estos permisos sean gestionadas por "tres o cuatro empresas" que "son titulares de la mayoría de licencias a nivel estatal".

También ha resaltado que estas licencias ya se habrían traspasado al poco de solicitarse y han tenido que superar un procedimiento judicial para que se puedan entregar.

"Se trata de una mafia y no se entiende que la Fiscalía General del Estado no haya intervenido porque se estaría especulando con un bien público, como son las autorizaciones de transporte, y que para solicitarlas se han empleado los mismos coches que en otras comunidades autónomas", ha apuntado.

Otro de los argumentos que ha esgrimido es que la legislación en materia de transporte discrecional, da un resquicio al Govern para establecer condiciones más restrictivas a la hora de otorgar estas licencias, porque se habla de carreteras estatales --cuando en Baleares no las hay-- y de traslados dentro de la comunidad autónoma --cuando las islas tienen unas limitaciones físicas que lo impiden--.

El representante de los taxistas también ha acusado a las plataformas digitales para la contratación de estos VTC de "piratería", porque ha afirmado que son "los que contratan a los trabajadores" y no son "una empresa de mediación".

Al mismo tiempo, ha mantenido que Uber en invierno tiene precios "más bajos" que los taxistas pero en verano "cobra cuatro veces más", por lo que ha reprochado que en su caso tienen unas tarifas regladas.

"Esto es una cosa impresentable para un sector que necesita llenar la despensa en verano para hacer sostenible el servicio en invierno", ha alegado.

En ese sentido, Moragues ha indicado que los taxistas de Palma tienen un 40% de la flota parada durante 12 días al mes en temporada baja para poder trabajar y "repartirse el hambre". Por este motivo, ha subrayado que las 3.500 licencias de Mallorca implicarían sacar más coches de la calle para distribuirse el trabajo, por lo que la rentabilidad del sector sería "insostenible".

 DISPUESTOS A "COEXISTIR" PESE A LAS "IRREGULARIDADES"

Pese a las críticas, ha destacado que los taxistas están "dispuestos a coexistir" con estas plataformas, aunque ha advertido que cometen "irregularidades", como parar en el paseo marítimo, deambular y captar clientes a mano alzada.

El portavoz de entidad de taxistas ha resaltado que "no han generado ningún problema de paz social", debido, a su entender, "no generaban un problema" y podían dar servicio a un determinado público, pero ha reivindicado que "no se les engañe".

De este modo, ha achacado a Uber que "no quiera convivir", sino "apropiarse de todo el negocio y el mercado del transporte en Baleares", a los que también ha apuntado que emplean "'lobbies' para salirse con la suya".

El presidente de Pimem, Jordi Mora, ha defendido que este procedimiento también servirá para definir el sistema de transporte y económico de las islas, al presentar la dicotomía entre el modelo del taxi, con 2.500 licencias que son "pequeños negocios", o un modelo que ha tildado de "especulativo", con dos o tres operadores, que "hacen trampas".

Por otra parte, ha planteado que en un momento en el que se habla de poner límites al turismo y la vivienda, "no se puede poner encima de la mesa 10.000 licencias nuevas" porque, en su opinión, es una petición "sin sentido".