El PP lleva a Bruselas la baliza V-16 para preguntar si vulnera la protección de datos
También duda de si afecta a la libre competencia o quiebra la homogeneidad en el mercado interior europeo
EFE | Mallorca, 02 de Enero de 2026 | 18:50h
El PP en el Parlamento Europeo ha preguntado a la Comisión Europea si la baliza V-16, obligatoria en todos los vehículos en España desde este 1 de enero, puede vulnerar la protección de datos y la libre competencia, o quebrar la homogeneidad en el mercado interior europeo.
La diputada del Grupo Popular español en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha formulado tres preguntas con solicitud de respuesta escrita a la Comisión Europea sobre este asunto.
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En primer lugar, señala que la baliza V16 conectada "transmite su ubicación cuando se activa y utiliza un identificador técnico asociado al dispositivo".
Aunque la DGT afirma "que los datos transmitidos son anónimos y que no permiten identificar al conductor o al vehículo", el PP señala que "la existencia de un identificador único y el envío de coordenadas geográficas podrían, en determinadas circunstancias", vulnerar la protección de datos recogida en los reglamentos europeos.
Montserrat plantea luego la posibilidad de que existan conflictos de interés y transparencia en la comercialización obligatoria de balizas V16, debido a "la participación de Correos y de su exdirectiva Leire Díez, ahora detenida en el marco de un caso de corrupción" en el asunto.
A ello añade que los precios de los dispositivos ofrecidos por Correos son significativamente superiores a otros productos equivalentes disponibles en el mercado.
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Así, pregunta: "¿Va a evaluar la Comisión si la obligación de adquirir un modelo concreto podría favorecer intereses comerciales específicos y generar distorsiones de competencia contrarias al derecho comunitario?"
Finalmente, una tercera pregunta se refiere a las consecuencias sobre el mercado interior de la obligatoriedad de la baliza V16 como único dispositivo.
"Esta obligación implica requisitos técnicos específicos, conectividad y homologación vinculada una infraestructura nacional", señala antes de cuestionar si España ha notificado correctamente estos requisitos técnicos y si la imposición de un único modelo nacional podría limitar la comercialización de dispositivos alternativos.
