"La ley no se aplica igual a todos": la denuncia de una mallorquina tras un año con okupas en su finca
La propietaria de una finca en Son Valls relata amenazas, vertidos, construcciones ilegales y un asentamiento con una decena de personas
Penélope O. Álvarez | Mallorca, 23 de Diciembre de 2025 | 18:25h
La ocupación ilegal de una finca en Son Valls, Felanitx, ha dejado completamente "desamparada" a una mujer mallorquina que, tras firmar la compra en diciembre de 2024, lleva más de un año sin poder entrar ni hacer uso de su propiedad. Durante este tiempo, cuenta, se ha convertido en "un campamento estable con construcciones ilegales, vehículos y presencia permanente de varios adultos y menores sin autorización", una situación que la ha llevado a una "profunda frustración" y a una sensación de desprotección institucional.
La denunciante, que prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias, compró en diciembre de 2024 una finca rústica libre de cargas con la garantía de que estaba completamente vacía. Tras firmar la compra ante notario y desplazarse a la propiedad, comprobó que había vehículos aparcados y gente viviendo allí sin su permiso.
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La afectada recuerda que en las semanas posteriores intentó comunicarse con los ocupantes, pero, asegura, se negaron a hablar con ella. Según se detalla en la denuncia a la que ha tenido acceso este medio, la mujer también se dio cuenta de que había acumulación de chatarra, vertidos de residuos sólidos, heces humanas en los linderos y deterioros en el terreno.
Por ello, presentó una denuncia ante el Seprona por contaminación y daños medioambientales, aunque asegura que hasta el momento no se ha sancionado de ninguna manera a los ocupantes. "He oído en varias ocasiones que ‘esa gente no tiene nada que perder’. Pero cualquier ciudadano que trabaja, paga impuestos y cumple la ley sabe que una infracción ambiental suele conllevar sanciones casi inmediatas", lamenta.
UN ASENTAMIENTO QUE CRECE: CONSTRUCCIONES, CARAVANAS Y VEHÍCULOS
Con el paso de los meses, explica, el asentamiento ha ido ampliándose y señala que se ha construido una vivienda de madera, han comenzado a llegar caravanas y que ha comprobado que viven de forma estable ocho hombres, además de mujeres y niños, y que hay aproximadamente diez vehículos dentro de la finca.
La denunciante recalca que, como propietaria de suelo rústico, ella está obligada a presentar licencias urbanísticas, cumplir con estrictas normativas territoriales y esperar años de tramitación para cualquier actuación en su propiedad. "Cualquier ciudadano que construye ilegalmente en suelo rústico se expone a sanciones económicas y órdenes de demolición. Sin embargo, en este caso dichas obligaciones parecen no aplicarse", afirma.
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La propietaria asegura que ha acudido hasta en tres ocasiones a la Guardia Civil de Felanitx hasta poder formalizar la denuncia.
A lo largo de este proceso, explica que ha descubierto que las personas que están ocupando su casa ya habrían estado más de dos años en otra finca de sa Pobla. Al parecer, utilizan un método recurrente: primero llega una pareja “vulnerable”, con niños, que pregunta por chatarra y observa el movimiento de los propietarios; después, llega el resto del grupo y se instalan progresivamente hasta ocupar por completo el terreno.
"LA LEY NO SE APLICA CON LA MISMA FIRMEZA A TODOS"
Más de un año después de la compra, la denunciante lamenta no haber podido acceder a su propiedad ni disfrutarla en ningún momento. "Privar a un propietario del acceso a un inmueble adquirido con trabajo, esfuerzo y sacrificio ya es grave. Permitir que, además, se destruya y degrade impunemente es profundamente injusto e inhumano", afirma.
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La denunciante teme que, cuando les desalojen, vuelvan a ocupar otra propiedad: "La ley no se aplica con la misma firmeza a todos. Y tengo la inquietante sensación de que, cuando quienes infringen la ley no tienen nada que perder, existe un preocupante desinterés por parte de quienes deberían hacerla cumplir", concluye.
La mujer da su testimonio con la intención de expresar públicamente una situación límite que, según afirma, afecta a muchos propietarios en Baleares y en el resto del país: "Lo hago desde el respeto a la legalidad y porque sé que hay muchas personas viviendo situaciones similares en silencio, con la misma sensación de desamparo que yo".
Oscar - 
