Guardias civiles reclaman un complemento de insularidad acorde al alto coste de vida en Baleares

La asociación profesional JUCIL, mayoritaria en la Guardia Civil, ha reclamado a los sindicatos y al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que actúen con "altura de miras" en la negociación del complemento de insularidad para Baleares y que este se ajuste al elevado coste de vida real del archipiélago. La organización denuncia, además, una preocupante falta de claridad y concreción en la aplicación de las recientes mejoras salariales anunciadas para los empleados públicos.

Según JUCIL, la ausencia de un sueldo digno y acorde a la carestía de la vida en Baleares está provocando una grave inestabilidad en las plantillas de la Guardia Civil, con una continua entrada y salida de efectivos que repercute directamente en la calidad y estabilidad del servicio de seguridad en las islas.

Los datos de los últimos cinco años son, en palabras de la asociación, “críticos”. En ese periodo han llegado a Baleares alrededor de 1.000 agentes, pero otros tantos han abandonado el destino, de modo que el saldo real apenas alcanza los 250 guardias civiles. Una cifra que JUCIL califica de engañosa, ya que muchos de esos efectivos se encuentran próximos a poder solicitar nuevo destino y previsiblemente abandonarán las islas, como ocurre de forma reiterada cada año. A ello se suma que aproximadamente la mitad de los agentes que han pasado por Baleares en este tiempo han sido alumnos en prácticas, utilizados para compensar el déficit anual de personal con empleo consolidado.

Esta situación ha convertido al archipiélago, según JUCIL, en una “extensión de la academia”, un destino de paso en el que los agentes completan su formación para posteriormente marcharse a otros territorios. “Formamos talento sin crear las condiciones adecuadas para retenerlo”, ha advertido Tomás Quesada, secretario provincial de JUCIL en Baleares.

La asociación también se muestra especialmente crítica con la gestión de las recientes subidas salariales acordadas en el ámbito de la Función Pública. JUCIL recuerda que en el acuerdo inicial se recogía una compensación por insularidad para Baleares con cantidades fijas y trienios claramente reflejados en las tablas salariales. Sin embargo, en documentos posteriores, esas tablas habrían sido modificadas, eliminándose las cuantías fijas y los trienios previamente aprobados y dejando tanto las cantidades definitivas como el sistema de aplicación pendientes de una nueva negociación en la mesa de la Función Pública.

JUCIL subraya que Baleares siempre ha contado con una tabla de compensación propia, con criterios distintos y claramente insuficientes para afrontar el elevado coste de vida del territorio. Además, denuncia que actualmente es el único lugar donde la indemnización por residencia se aplica de forma desigual entre trabajadores estatales y autonómicos.

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En este sentido, la asociación exige que la negociación del complemento de insularidad tenga en cuenta las particularidades económicas de Baleares y no se base en una simple equiparación con territorios como Canarias, Ceuta o Melilla, donde el coste de la vida es sensiblemente inferior. “Las islas mediterráneas nunca han tenido un sistema retributivo similar al de otros territorios con indemnización, ni tampoco al que se aplica a los trabajadores autonómicos, que además cuentan con complementos adicionales, como los destinados a puestos de difícil cobertura”, señala JUCIL.

Quesada ha advertido de que no se debe repetir lo ocurrido en 2006, cuando, según recuerda, Baleares fue discriminada con soluciones que no respondían a las necesidades reales de los agentes. “No podemos permitir que se vuelva a cometer el mismo error”, ha concluido.