El juez envía a prisión al exministro Ábalos y a Koldo García

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ha acordado enviar al ex ministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza de cara al juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio tendrá que entrar en la cárcel.

Según fuentes jurídicas, el instructor ha adoptado esta decisión después de celebrar sendas vistillas para revisar las medidas cautelares que ambos tenían vigentes: prohibición de salida del país con retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial.

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De esta forma, ha accedido a las peticiones del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares que lidera el PP, que habían reclamado el ingreso en prisión de ambos al considerar que ahora que se enfrentan a hasta 30 años de cárcel el riesgo de fuga se ha disparado.

Ábalos ha sido el primero en llegar al alto tribunal. Lo ha hecho a las 9.12, unos 45 minutos antes de la hora señalada, solo y con una mochila de cuero marrón. El también ex secretario de Organización del PSOE no ha querido hacer declaraciones a la prensa a su llegada al alto tribunal, pero sí ha tomado la palabra al final de la vistilla para asegurar al juez que no se iba a fugar. "No tengo dinero ni a dónde ir", ha sostenido.

Fuentes consultadas afirman que está "destrozado". Durante las horas que ha estado aguardando la decisión del Supremo, el ex dirigente socialista ha estado fumando en los patios del antiguo palacio, visiblemente nervioso.

Su abogado, Carlos Bautista, ha hecho hincapié en que no hay riesgo de fuga, alegando entre otras cuestiones su estatus de diputado del Congreso. Sobre esto, también ha aducido que encarcelarle antes del juicio, sin que medie condena, supondría una vulneración de su derecho a la representación política.

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Además, la defensa de Ábalos ha puesto de manifiesto que considera que el eventual ingreso en prisión de su cliente sería una forma de presionarle para que hiciera una "declaración colaborativa". Así lo hizo el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, tras pasar varias semanas encarcelado.

Koldo, por su parte, ha llegado al Supremo justo a la hora fijada, con vaqueros, deportivas y una gran mochila a sus espaldas, en compañía de su abogada, Leticia de la Hoz. Su defensa, que ha intentado combatir la competencia del TS para devolver el caso a la Audiencia Nacional, ha esgrimido igualmente que su cliente tiene el suficiente arraigo --una madre mayor y una hija pequeña, ha detallado-- como para no convertirse en un prófugo.

El ex asesor ministerial también ha querido hablar ante Puente para ratificarlo. "No me voy a ir a ningún sitio", ha dicho y ha añadido: "Todos tenemos derecho a aprender poco a poco". Fuentes presentes han interpretado esta coletilla como el reconocimiento tácito de una equivocación.

Por su parte, el fiscal se ha mostrado especialmente contundente, sobre todo en la vistilla sobre Ábalos, donde ha llegado a decir que fue la pertenencia a un Gobierno lo que le permitió cometer esos delitos pero que "ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal". Ningún poder del Estado puede esgrimirlo para eludir la responsabilidad penal y, por eso, la Justicia se representa con una venda en los ojos", ha remachado.

A UN PASO DE JUICIO

Fue el pasado 3 de noviembre cuando Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama, por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicar a Soluciones de Gestión --mercantil vinculada al empresario-- contratos para la compra de material sanitario durante la crisis del Covid-19.

La Fiscalía reclama una condena de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también interesa una multa de unos 3,9 millones de euros.

Por su parte, las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para Ábalos y Koldo, a quienes atribuyen los mismos delitos que Fiscalía más otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.

Además, tanto Fiscalía como acusaciones piden 7 años de prisión para Aldama, atenuando la pena propuesta por su "confesión", que sirvió para destapar la presunta trama de adjudicación irregular de obra pública que tendría como cabecilla al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.