Exigen la clausura del ‘botel’ de Alcudiamar tras ser declarado definitivamente ilegal

El grupo ecologista Gob ha celebrado este martes que el Ayuntamiento de Alcúdia haya denegado definitivamente la licencia de legalización de las obras del llamado 'Botel' Alcudiamar, situado dentro del puerto deportivo, ha exigido su clausura y la restauración completa del dominio público portuario.

La entidad verde ha reclamado en un comunicado la ejecución inmediata de la sentencia que ordenó la clausura de esta actividad turística ilegal, después de que el ayuntamiento haya dictado una resolución que deniega definitivamente la licencia para legalizar las obras.

El acuerdo municipal confirma los argumentos que el Gob ha esgrimido durante años contra este establecimiento, empezando por que las obras ejecutadas por Alcudiamar eran ilegales y se realizaron sin ningún título habilitante.

Los edificios B y C no tienen uso hotelero admitido, tal y como han acreditado reiteradamente los informes técnicos y jurídicos municipales y la autorización turística con la que pretendía ampararse a la empresa fue declarada nula por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en 2022, a instancias de un recurso presentado por el Gob, recuerda el grupo ecologista.

Además, las actuaciones de reforma y ampliación no cuentan con la preceptiva autorización de la Autoridad Portuaria, a pesar de varios requerimientos del Ayuntamiento.

El Gob destaca que la resolución municipal también remite el expediente a Disciplina Urbanística para que se active el procedimiento sancionador y de restitución de la legalidad.

El grupo ecologista ha recordado que lleva cinco años litigando contra una resolución municipal de 2020 que pretendía avalar el uso hotelero en el Botel, en un procedimiento judicial está pendiente de sentencia.

La decisión actual del consistorio confirma la posición del Gob, que siempre ha denunciado la imposibilidad de habilitar un uso hotelero en dominio público portuario fuera de los supuestos excepcionales que marca la legislación estatal.

Reclaman la ejecución de la sentencia que ordena la clausura de la actividad turística ilegal, la restauración completa del dominio público portuario afectado por las obras y que se pare el intento de normalizar usos hoteleros dentro del puerto que el Gob considera "contrario a la normativa de puertos, a la ley de Costas y a los valores ambientales de la bahía de Alcúdia".

La entidad se ha comprometido a seguir "velando por que el puerto de Alcúdia no se convierta en un espacio de especulación urbanística y por que las administraciones garanticen el cumplimiento estricto de la legalidad en el dominio público".