El presunto estafador de 3,7 millones de euros en Mallorca se desvincula del delito
El acusado ha señalado al otro procesado como el responsable de la forma en la que se realizó la transacción
cronicabalear.es | Mallorca, 07 de Noviembre de 2025 | 12:52h
Uno de los acusados de estafar 3,7 millones de euros con la compra de una finca en Calvià (Mallorca) se ha desvinculado de los hechos y ha señalado al otro procesado como el responsable de la forma en la que se realizó la transacción.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha celebrado este viernes el juicio contra los dos acusados, para quienes la Fiscalía solicita seis años de prisión y el pago de una indemnización de 3,4 millones de euros como supuestos autores de un delito de estafa y otro de falsedad en documento mercantil.
El acusado, quien solo ha declarado a las preguntas de su letrado y asistido por un intérprete de alemán, ha relatado que fue el otro procesado quien le informó de la oportunidad de invertir en el inmueble, le presentó a su propietario e inició los trámites para efectuar la compraventa.
El precio inicial de la finca, ha indicado, era de unos dos millones de euros, que tras una tasación ascendió hasta los 3,7 millones. En cualquier caso, ha declarado, ninguna de las dos partes tuvo nunca intención de abonar esa nueva cantidad, y así lo rubricaron en un contrato privado firmado ante un abogado de Palma.
El motivo, ha indicado, fue que como extranjero el banco solo le otorgaba un 60% de financiación para comprar el inmueble y por eso hubo que aumentar el precio del mismo.
Su coacusado, ha proseguido, fue quien tuvo la idea de realizar un contrato privado entre las dos partes en el que se hiciera constar que todo ese dinero que el 40% del dinero ya se había pagado.
Preguntado por su abogado, el procesado ha asegurado que nunca hubo intención de realizar la operación por 3,7 millones sino poder declarar ante el banco los documentos necesarios para obtener la hipoteca.
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El hombre ha dicho desconocer la forma concreta en la que se confeccionaron esos documentos que reflejaban una transferencia nunca realizada y, de nuevo, ha culpado al otro encausado.
Su intención era realizar reformas en el inmueble para después proceder a su venta por un precio mayor pero, ha asegurado, durante los trámites se dio cuenta de que había sido construido de forma ilegal.
Esa información no le había sido facilitada por el propietario ni por la empresa que realizó la tasación y le impidió poder realizar las citadas reformas.
También ha expuesto que, tras formalizar la compraventa, el anterior titular de la finca se negó a abandonar la misma alegando que no había recibido el dinero pactado. Él sí que había pagado su parte, por lo que ha supuesto que quien no pagó lo que debía fue el otro acusado.
NEGOCIACIONES PARA LA VENTA
Según expone la fiscal en su escrito de acusación, el propietario de una finca en Calvià se puso en contacto con uno de los acusados con la intención de vender la vivienda. Este contactó con el segundo procesado y comenzaron las negociaciones para la venta.
Así, mediante contrato privado, en septiembre de 2014, el propietario vendió la finca a uno de los acusados, siendo el otro procesado el intermediario.
El importe establecido era de 3,7 millones de euros y, ambos acusados, según Fiscalía, falsificaron los documentos de la transferencia aunque nunca tuvieron la intención de efectuar el pago.
Tras comprobar que el dinero no había sido transferido, relata el escrito, el propietario realizó numerosos requerimientos a los acusados, quienes finalmente le transfirieron 285.000 euros.
