La pareja de Ayuso acusa al fiscal general del Estado de "matarle públicamente"
Tras la publicación de la información sobre el pacto, se convirtió en "el delincuente confeso del Reino de España"
EFE | Mallorca, 04 de Noviembre de 2025 | 19:50h
Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, ha acusado este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de "matarle públicamente", porque, tras la publicación de la información sobre el pacto que ofreció su abogado al fiscal, se convirtió en "el delincuente confeso del Reino de España".
En su declaración como testigo en el juicio que acoge el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, este empresario, que es acusación particular en este proceso, ha denunciado que sigue "siendo por parte de la Fiscalía el delincuente confeso" y que ha dejado de ser un "ciudadano normal".
"Yo estoy enviado a un juicio oral donde voy a ser condenado. No tengo duda alguna", ha añadido González Amador, procesado por un fraude de 350.951 euros a Hacienda presuntamente mediante facturas falsas tras una inspección de la Agencia Tributaria que arrancó en 2022, y también investigado por corrupción en los negocios por sus relaciones comerciales con Quirón Prevención.
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El empresario, que receló de si aquella inspección se debía a su relación con Díaz Ayuso, ha señalado que, con la nota de prensa que dio la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 y la filtración de un correo en el que su abogado reconocía en su nombre dos delitos, se rompió su presunción de inocencia, y desde entonces el Gobierno comenzó a llamarle "delincuente confeso".
Aquella nota de prensa aclaraba lo sucedido tras informaciones contradictorias publicadas un día antes, el 13 de marzo, algunas de las cuales apuntaban que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un pacto al abogado de González Amador, cuando había sido al revés, y que lo había retirado "por órdenes de arriba".
Una idea que difundió el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, a periodistas, según ha explicado él mismo al tribunal esta tarde, por una "deducción lógica", porque la Fiscalía es un órgano jerárquico.
Y lo hizo pese a que González Amador, que le informaba del proceso, le transmitió que su abogado le había garantizado que "sigue todo en curso, todo sigue igual", en relación con el pacto.
Sus abogados, ha indicado el empresario, "nunca" le dijeron nada de "órdenes de arriba", si bien él entendió que era "una valoración política" de Rodríguez.
"Ni entro ni salgo", ha dicho, y más tarde ha indicado que "igual tiene razón, porque a día de hoy no hay pacto ni hay nada".
En un momento de su declaración, ha acusado al fiscal general de llamarle "delincuente confeso con esa nota de prensa", si bien más tarde a preguntas de la Fiscalía ha precisado que no recuerda si la nota lo decía.
SU ABOGADO LE EXPLICÓ QUE EL PACTO IMPLICABA ADMITIR FRAUDE
Desde el inicio, González Amador ha asegurado que ni supo ni autorizó a su abogado enviar el correo del 2 de febrero en el que reconocía en su nombre dos delitos, en busca de una rebaja en su petición de condena: "Jamás", ha dicho, que participase en ningún correo ni supiera de su existencia.
Sí que ha asegurado que, cuando Hacienda remitió a la Fiscalía los indicios del fraude, les dijo a sus abogados que optasen por un camino "rápido y sin ruido", que, según su defensa, era la conformidad.
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Aunque ha entrado en alguna contradicción acerca de lo que era e implicaba esa conformidad, a preguntas de la Fiscalía, ha explicado que su abogado le advirtió que conllevaba reconocer los hechos e ir al juicio, "una sentencia rápida y a casa", y que implicaba aceptar una multa "mínima".
"Sí, sí", ha respondido más tarde al abogado del Estado ante la pregunta de si implicaba reconocerlo.
No obstante, en su declaración también ha señalado que "fue una sorpresa" cuando la Cadena Ser informó del correo en el que su abogado admitía "de común acuerdo" con él los delitos, porque desconocía el correo y le causó un "enfado" que le hizo llamar a su abogado.
Más tarde, el abogado del Estado ha intentado preguntar si reconocía ese correo como "secreto", al no ser suyo ni haberlo autorizado y al estar juzgándose un delito de revelación de secretos, si bien el tribunal ha declarado la pregunta impertinente.
