El Tribunal Supremo juzga desde hoy al fiscal general del Estado por la presunta filtración sobre la pareja de Ayuso
Las acusaciones piden hasta seis años de cárcel
EFE | Mallorca, 03 de Noviembre de 2025 | 07:54h
El Tribunal Supremo inicia este lunes un juicio histórico que, por primera vez en España, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado en activo, Álvaro García Ortiz, acusado de la presunta filtración de información confidencial sobre la investigación por fraude fiscal que afectaba a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La acusación particular, ejercida por el novio de la dirigente del PP madrileño, y las acusaciones populares solicitan penas de entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación por un presunto delito de revelación de secretos. Por su parte, la Fiscalía pide la absolución al considerar que no existe delito y que García Ortiz actuó dentro de sus competencias legales.
El juicio se celebrará entre este lunes y el 13 de noviembre, y estará a cargo de una sala compuesta por siete magistrados —cuatro hombres y tres mujeres—.
UN JUICIO HISTÓRICO CON GRAN EXPECTACIÓN MEDIÁTICA
El caso gira en torno a un correo electrónico fechado el 2 de febrero de 2024, en el que el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso, proponía a la Fiscalía un acuerdo de conformidad en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales, con el fin de obtener una reducción en la pena solicitada.
Las acusaciones sostienen que García Ortiz filtró dicho correo a los medios de comunicación, lo que supuso una revelación indebida de información reservada. Sin embargo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa al fiscal general, niegan que se produjera ninguna filtración. Alegan que la información difundida ya era conocida públicamente y que García Ortiz se limitó a recabar los correos de sus subordinados para elaborar una nota de prensa oficial destinada a desmentir noticias falsas publicadas en medios y difundidas por algunos responsables públicos.
EL FISCAL GENERAL DECLARARÁ EL 12 DE NOVIEMBRE
No será hasta el 12 de noviembre cuando García Ortiz declare ante los jueces. Durante la fase de instrucción, negó “rotundamente” haber filtrado o haber ordenado divulgar ningún dato reservado sobre el caso. “Rotundamente no”, fue su respuesta ante el juez instructor, en una declaración que, según fuentes jurídicas, mantendrá sin cambios durante el juicio.
Este lunes, el fiscal general entrará por la puerta principal del Supremo —en su condición de autoridad— y se sentará en estrados, junto a sus abogados y con toga, según confirmaron fuentes fiscales. Se prevé además que varios fiscales de Sala y compañeros de carrera asistan a algunas sesiones en señal de apoyo institucional.
El juicio ha generado una enorme expectación mediática: más de 200 periodistas de 59 medios nacionales e internacionales se han acreditado para cubrirlo. No habrá señal televisiva en directo ni retransmisión diferida, aunque los medios podrán difundir extractos de la vista oral.
TESTIGOS, SEGURIDAD Y DISPOSITIVO JUDICIAL
Por la sede del Supremo, en el Palacio de las Salesas, pasarán hasta cuarenta testigos, entre los que se encuentran políticos, fiscales, periodistas y miembros de la Guardia Civil. Entre ellos figuran Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y Pilar Sánchez Acera, número dos del PSOE madrileño y exresponsable en Moncloa.
También declararán los guardias civiles que registraron el despacho del fiscal general del Estado, una acción sin precedentes en la historia judicial española. El acceso al interior de la Sala de lo Penal estará limitado a 50 personas de público y 20 periodistas, mientras el resto seguirá las sesiones desde una sala contigua habilitada para la prensa.
Este proceso marca un hito judicial y político sin precedentes, al poner a prueba la independencia y los límites de actuación del máximo representante del Ministerio Público en España.
