El juez ve en Ábalos, Koldo y Aldama una trama dispuesta a delinquir cuando surgiera la ocasión

El juez que ha propuesto sentar en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama ve en la unión de estas tres personas una organización criminal, con papeles repartidos y planteada para cometer delitos conforme se presentaran oportunidades.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dictado este lunes un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) en el que propone juzgar a estos tres investigados por delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias, y en el caso del exministro y su asesor también por malversación de fondos públicos.

A lo largo de 47 páginas, el magistrado expone los indicios que le llevan a sostener que "muy poco después" de que Ábalos se convirtiese en ministro, en 2018, los tres investigados se pusieron de acuerdo para aprovecharse de esa circunstancia y de la influencia del exdirigente socialista, y beneficiarse así económicamente de la adjudicación de contratos públicos y de cuantas oportunidades surgieran.

El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por los contratos irregulares de mascarillas

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto juzgar al exministro José Luis Ábalos, al exasesor...

En la causa principal, que el juez propone juzgar, el elemento central es la compra de mascarillas por parte de dos empresas dependientes del Ministerio de Transportes (Puertos del Estado y Adif) a una empresa de la que Aldama era comisionista, mientras que en una pieza separada, en la que está imputado Santos Cerdán, se investigan posibles mordidas en obra pública.

Aunque el objetivo no era cometer un delito concreto, sino "la futura comisión de delitos, inicialmente indefinidos en sus concretas particularidades, conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando", señala el juez, que por eso propone juzgarles por un delito de organización criminal.

Para ello, cada uno asumiría un "papel diverso": Ábalos desplegaría su influencia "cuando fuere preciso", aprovechándose de los oficios de Koldo García y Víctor de Aldama estaría encargado de localizar empresas o particulares interesados que buscasen un trato preferente, a cambio de comisiones de las que haría partícipes al exministro y a su asesor.

Además, la organización tenía, según el magistrado, "una innegable vocación de permanencia en el tiempo" puesto que operó durante varios años y proyectó su actuación delictiva en distintas esferas.

Por sus actuaciones, el juez apunta que Ábalos y Koldo García son presuntamente autores de delitos de cohecho pasivo, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, mientras que Aldama sería responsable de un posible delito de cohecho activo, e inductor en el caso del tráfico de influencias. A todos ellos les atribuye pertenencia a organización criminal.

LA INVESTIGACIÓN CORROBORA ACUSACIONES DE ALDAMA

El magistrado considera que la investigación judicial ha corroborado las declaraciones incriminatorias que hizo el comisionista Víctor de Aldama "en cada uno de sus aspectos esenciales".

Destaca, sobre todo, los análisis patrimoniales que llevaron a comprobar que tanto el exministro como su asesor aumentaron "sensiblemente los ingresos que se hacían en metálico en sus cuentas", y el exsecretario de Organización del PSOE dejó de sacar dinero del banco.

Además, había una "muy estrecha y extraordinariamente inusual" conexión entre los patrimonios de ambos, pues Koldo García se hacía cargo de gastos que pertenecían al exministro, sin que después le fuesen reintegrados por este por vía bancaria, pues si lo hizo con efectivo, al no haber sacado del banco, el dinero procedería de una "fuente irregular de ingresos".

Junto a este análisis patrimonial, el juez detalla las diferentes testificales o documentos que corroboran otros extremos declarados por Aldama, como el piso que pagaba a la expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, o la contratación de esta en dos empresas públicas.