El Gobierno inicia el proceso judicial para extinguir la Fundación Francisco Franco por apología del franquismo

El Gobierno de España ha comunicado este viernes a la Fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento formal para solicitar su extinción, tras concluir que la entidad realiza apología del franquismo, humilla a las víctimas de la dictadura y no cumple fines de interés general. No obstante, será finalmente la Justicia quien determine si la fundación debe disolverse.

El proceso comenzó en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura inició la recopilación de información para valorar la legalidad de la entidad, dependiente del Protectorado Estatal de Fundaciones. Según el Gobierno, la organización vulnera tanto la Ley de Fundaciones como la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022.

Cultura solicitó informes al registro de fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Tras recibir los dictámenes, el Ejecutivo ha dado un paso más y ha comunicado oficialmente a la Fundación su decisión de acudir a los tribunales para pedir su extinción. La entidad dispone ahora de diez días hábiles para presentar alegaciones ante el Ministerio.

ALEGACIONES DEL GOBIERNO: APOLOGÍA DEL FRANQUISMO Y HUMILLACIÓN A LAS VÍCTIMAS

La resolución, de 37 páginas, a la que ha tenido acceso EFE, se apoya principalmente en un informe elaborado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en mayo, tras un análisis exhaustivo de las actividades y contenidos publicados por la Fundación.

El documento incluye un informe de la Abogacía General del Estado, otro de un catedrático de Derecho Constitucional, testimonios de víctimas del franquismo y un estudio sobre la presencia mediática de la entidad. Con todos estos elementos, Cultura concluye que la fundación no persigue fines de interés general y que sus actividades son “incompatibles con la legislación vigente”, ya que ofrecen una visión “inequívocamente positiva del franquismo”.

El Gobierno sostiene además que la Fundación incurre en los supuestos de disolución previstos en la Ley de Memoria Democrática, entre ellos la apología del franquismo, el menosprecio a las víctimas y la incitación directa o indirecta al odio y la violencia.

Como ejemplo, el Ministerio cita varios artículos publicados en la página web de la entidad, entre ellos uno titulado “La mentira de los niños robados del franquismo”, en el que, según Cultura, se niega o minimiza la represión cometida durante la dictadura y se utiliza un “prisma negacionista”.

EL GOBIERNO SOLICITARÁ MEDIDAS CAUTELARES A LA JUSTICIA

Fuentes del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aseguran que se han reunido “pruebas suficientes y contundentes” para que el juez encargado del caso “no tenga más opción” que ordenar la extinción de la Fundación.

Ambos departamentos planean acudir a los tribunales sin agotar el plazo de nueve meses previsto legalmente para presentar la demanda. Además, solicitarán medidas cautelares que limiten o suspendan las actividades de la entidad mientras se desarrolla el proceso judicial.

El Ejecutivo subraya que la disolución de la Fundación no vulnera la libertad de expresión, como sostiene la entidad, sino que se refiere al uso del régimen jurídico y fiscal propio de las fundaciones, del que —según el Gobierno— no debería beneficiarse una organización que ensalza una dictadura.

LA FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO SE DEFIENDE ALEGANDO INCONSTITUCIONALIDAD

Por su parte, la Fundación Francisco Franco ha argumentado en anteriores ocasiones que su posible disolución sería “contraria a la Constitución”, defendiendo su derecho a la libertad ideológica y de expresión. No obstante, desde el Ejecutivo se insiste en que fundar una organización con beneficios fiscales implica obligaciones legales específicas, entre ellas el respeto a los valores democráticos y los derechos humanos.

La decisión final recaerá en los tribunales, que deberán evaluar si las pruebas aportadas por el Gobierno justifican la extinción de una fundación que, desde hace décadas, ha sido objeto de críticas por su defensa pública del legado del dictador Francisco Franco.

Con esta medida, el Gobierno busca aplicar de forma efectiva la Ley de Memoria Democrática, una norma que pretende cerrar el paso a entidades que exalten dictaduras o humillen a las víctimas del franquismo y la represión.