El GOB denuncia ante Bruselas las leyes de obtención de suelo y de simplificación administrativa

El GOB ha dado un paso más en su ofensiva contra las recientes normas urbanísticas del Ejecutivo de Marga Prohens. La entidad ecologista ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea contra las leyes de obtención de suelo y de simplificación administrativa, al considerar que ambas vulneran el derecho ambiental europeo y la Directiva Marco del Agua. La acción, registrada a comienzos de semana, se dirige tanto al Govern como al Estado español, a quienes responsabilizan de garantizar el cumplimiento de la normativa comunitaria.

Con este nuevo movimiento, el GOB culmina una estrategia legal que incluye ya dos recursos ante el Tribunal Constitucional y otra denuncia presentada ante el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, por los efectos que estas políticas pueden tener sobre la Serra de Tramuntana.

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“Es el último empujón, contundente y fuerte”, ha explicado Margalida Ramis, portavoz del área de Territorio del GOB, durante una rueda de prensa celebrada este viernes. Según ha detallado, muchos de los argumentos trasladados a Bruselas son los mismos que ya han defendido ante el Constitucional, pero adaptados a las directivas europeas, “especialmente las relativas al agua”.

“UN AUTÉNTICO SUICIDIO” EN UN CONTEXTO DE CRISIS CLIMÁTICA

Para Ramis, este recurso es “clave y fundamental” y se plantea como una herramienta estratégica “para hacer frente a la crisis climática”. En su opinión, “es un auténtico suicidio incidir en nuevos crecimientos cuando el agua no está ni siquiera garantizada”.

La portavoz ha señalado que el objetivo de la denuncia es que la Comisión Europea investigue si las leyes impulsadas por el Govern vulneran la legislación comunitaria y, en su caso, sancione tanto al Estado —como garante del cumplimiento de las normas europeas— como a la comunidad autónoma.

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“¿Qué puede pasar? Que la Unión Europea abra un trámite que puede durar un año, pero que nos abrirá una ventana de interlocución. Seguramente nos pedirán más información, y a partir de ahí podría decidirse una sanción”, ha indicado.

ACUSAN AL GOVERN DE “UNA CARRERA SUICIDA”

En la misma línea, la jurista y miembro de la junta directiva del GOB, Francisca Mas, ha acusado al Ejecutivo autonómico de estar participando “en una carrera suicida”. Según ha afirmado, “está poniendo los principios de las ganancias y la especulación por encima de los principios de la vida”.

Mas ha denunciado que el Govern justifica sus decisiones en el problema de acceso a la vivienda, pero “ignora que hay miles de viviendas vacías”. “Se están cargando la lógica a la hora de legislar”, ha sentenciado.

Las representantes del GOB han insistido en que las nuevas leyes suponen una vulneración directa de la Directiva Marco del Agua y de la legislación estatal en esta materia, al permitir crecimientos residenciales sin demostrar previamente que existen recursos hídricos suficientes.

Asimismo, han advertido de que estas normas “rebajan o excluyen” informes medioambientales preceptivos y “otorgan prioridad a los proyectos residenciales estratégicos” —una figura creada por la ley de obtención de suelo— frente a los planes urbanísticos o territoriales existentes.

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El GOB denuncia también que la utilización de la vía de urgencia “desmantela la participación ciudadana”, al vulnerar el Convenio de Aarhus y dos directivas europeas que exigen transparencia e información pública. Además, la legalización automática por silencio administrativo, advierten, “impide el acceso a la justicia ambiental” y fomenta “la opacidad y la inseguridad jurídica”.

Ramis ha alertado de que las consecuencias de estas políticas “no se verán de forma inmediata, sino en diferido”, algo que considera especialmente peligroso “porque no hay una reacción popular inmediata”.

IMPACTO SOBRE LA FAUNA Y LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

Por su parte, la portavoz del área de Conservación Marina del GOB, Xisca Mesquida, ha puesto el foco en los riesgos que estas leyes representan para la biodiversidad y los espacios naturales. Uno de los principales peligros, ha explicado, es que se permita construir en suelo rústico “sin evaluación ambiental”, lo que puede consolidar edificaciones junto a zonas protegidas “sin tener en cuenta el efecto sobre especies vulnerables”.

Mesquida ha recordado que “estas normas vulneran la Directiva de Hábitats, una de las más básicas del derecho ambiental europeo”, que obliga a los Estados a evaluar cualquier proyecto o ley que afecte a espacios naturales incluidos en la red Natura 2000. La portavoz ha advertido que, dada la situación medioambiental actual en Baleares, “muchas especies se pueden ver perjudicadas en el corto y largo plazo”.

Con esta denuncia, el GOB busca abrir una vía de diálogo con la Comisión Europea y situar en el debate público la preocupación por la deriva urbanística y ambiental del Govern. Si Bruselas decide admitir a trámite la denuncia, podría iniciar un procedimiento de infracción contra España que, en última instancia, derivaría en sanciones económicas o exigencias de rectificación normativa.

La entidad ecologista considera que estas leyes “atentan contra el territorio” y consolidan un modelo insostenible que pone en riesgo el equilibrio ambiental del archipiélago. Mientras tanto, el Govern balear mantiene que las reformas buscan agilizar trámites y facilitar el acceso a la vivienda, una justificación que el GOB rechaza frontalmente.