Denuncian ante la Comisión Europea la tasa de basuras del Ayuntamiento de Palma

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que la tasa de basuras que aplican numerosos municipios españoles podría vulnerar la directiva europea en materia de residuos.

Según recuerda la organización, la Directiva (UE) 2018/851, que regula la gestión de los residuos, establece el principio de “quien contamina paga”, con el objetivo de incentivar una gestión más justa y sostenible de los desechos.

En España, esta directiva fue incorporada al ordenamiento jurídico a través de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Dicha norma obliga a los municipios con más de 5.000 habitantes a fijar una tasa que refleje el coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos, ajustándose al citado principio europeo.

No obstante, la OCU advierte que muchos ayuntamientos no han cumplido correctamente con esta obligación. En su informe, la organización identifica ciudades como Badajoz, Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Orense, Oviedo, Palma, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel y Zamora, donde se aplica una tarifa uniforme para todos los vecinos, sin tener en cuenta la cantidad de residuos generados. Este sistema, señala la OCU, no refleja el coste real del servicio ni aplica el principio de responsabilidad del contaminador.

En el caso de Madrid, la situación tampoco se ajusta plenamente a la normativa europea. La tasa de basuras madrileña se calcula mediante una cuota fija vinculada al valor catastral del inmueble, un criterio que la organización considera discriminatorio y poco relacionado con el volumen real de residuos generados.

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Además, el cálculo incorpora otros factores, como la cantidad de residuos producidos por barrio y la eficacia en la separación de basuras en cada distrito.

Esta combinación, según la organización, genera desigualdades significativas entre los vecinos, ya que se mezclan residuos de origen no residencial —por ejemplo, los procedentes de viviendas turísticas, comercios o negocios— con los domésticos, lo que acaba penalizando injustamente a determinados contribuyentes.

Por todo ello, ha solicitado a la Comisión Europea que analice si la aplicación de la normativa por parte de los municipios españoles se ajusta a los principios y objetivos de la Directiva europea. En caso de detectar irregularidades, la OCU pide que se inicien los procedimientos sancionadores pertinentes para asegurar su cumplimiento.

 RECOMENDACIONES

Desde la organización recuerdan que los contribuyentes que consideren injusta la tasa de basuras pueden ejercer su derecho a recurrirla.

• Si el ciudadano no está de acuerdo con la liquidación, dispone de un mes para impugnarla.

• En los casos donde la tasa se aplica por primera vez —como sucede en Madrid—, el plazo comienza a contar desde la notificación de la liquidación.

• El recurso puede presentarse ante la Agencia Tributaria del Ayuntamiento (recurso de reposición) o directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo municipal (recurso económico-administrativo).

• Solo es necesario aportar una copia de la liquidación y, en esta fase inicial, no se requiere abogado ni procurador.

  Además, recomiendan revisar detenidamente la ordenanza municipal y los argumentos jurídicos antes de presentar el recurso, ya que el procedimiento puede resultar complejo.

En caso de que el recurso sea rechazado, el ciudadano tiene dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo, esta vez con la obligatoria asistencia de un abogado.

El plazo comenzará desde la notificación de la desestimación o, si esta no llega en un máximo de seis meses, desde la fecha en la que se entienda desestimado por silencio administrativo.