El Govern elaborará una Ley de Atención a las Personas con Discapacidad

El Govern ha anunciado que redactará una Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, con la que se tratará de garantizar y plantear nuevos derechos para este colectivo.

Así lo ha avanzado este jueves la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament.

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La representante del Govern ha indicado que con esta normativa se quiere garantizar un modelo de discapacidad que, a su juicio, es un "referente" en toda España y Europa, especialmente en el ámbito del empleo.

Por eso, ha afirmado que esta iniciativa ya se ha trasladado a las entidades sociales y ha tenido una "gran acogida", por lo que espera contar con la participación y el apoyo de los diferentes Grupos Parlamentarios.

Fernández ha hecho un repaso de los proyectos que tratará de desarrollar su departamento hasta el final de la legislatura con un sistema de servicios social "ágil, eficaz y más humano", que ofrezca "acompañamiento y apoyo" a las personas.

De este modo, ha avanzado tres ejes en los que basará sus políticas como son la reordenación de procedimientos, reducir los trámites que se tengan que desarrollar con la administración y eliminar duplicidades para "ganar tiempo para atender a las personas".

Así, ha hecho referencia a los planes de conciliación, la ampliación de la red de emancipación de los jóvenes tutelados por las administración, la mejora de la Unidad Terapéutica de Abuso Sexual Infantil (Utasi), las actuaciones en los centros de internamiento de menores que tienen que cumplir medidas judiciales o las medidas para la erradicación de la LGTBI-fobia.

Por otro lado, ha avanzado que en seis meses se llevará a cabo una revisión de los posibles cobros indebidos en la Renta Social Garantizada (Resoga) y se aprobará una convocatoria de 12,7 millones de euros para gestionar las tarjetas monedero para las ayudas de alimentos.

Por otro lado, ha adelantado que el Govern pondrá en marcha un plan de inversiones para la inclusión social dotado con hasta 32 millones de euros para el periodo 2025-2034, al que se podrán acoger entidades sociales sin ánimo de lucro que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad social.

En el turno de intervención de los diferentes Grupos Parlamentarios, el diputado del PSIB Omar Lamín le ha pedido más información sobre la gestión de la Resoga, cuándo tiene previsto cumplir con la demora de seis meses para la valoración de las personas con dependencia, cuándo presentará el plan de infraestructuras o si tiene pensado llevar a cabo alguna mejora laboral del personal de la Conselleria.

También le ha preguntado si se ofrecerá alojamientos a los jóvenes tutelados y extutelados sin distinción de su lugar de origen, cuándo funcionará el centro de crisis de atención a las víctimas de violencia sexual en Ibiza y si el aborto es un derecho garantizado en Baleares, entre otras cuestiones.

El representante de Vox Sergio Rodríguez ha solicitado a la consellera que ahondara en los efectos de la inmigración en los servicios sociales y ha cargado contra el tercer sector, al señalarlo como "parte del problema" y le ha acusado de provocar "efecto llamada" al "volcarse en la atención" a los inmigrantes.

En ese sentido, ha alegado que el dinero "no es infinito" y ha pedido que se "priorice con la gente de Baleares" al eliminar en las listas de espera en dependencia o aumentar las coberturas sanitarias.

Seguidamente, la parlamentaria de MÉS per Mallorca Marta Carrió le ha preguntado, entre otras cuestiones, por el plan de emancipación juvenil, el número de incidencias en el centro de Es Pinaret y por el protocolo de prevención del abuso infantil, al tiempo que ha recriminado la actuación de la Utasi en Ibiza al no reportar casos en 2024.

Por último, el diputado de Unidas Podemos José María García ha pedido a la consellera que detalle sus planes para la construcción de infraestructuras para atender la llegada de menores inmigrantes no acompañados, dado el aumento de estas arribadas.

En el turno de réplica, Fernández ha contestado que la Conselleria espera cumplir con el plazo de valoración de seis meses a final de legislatura, después de que a finales de 2026 se implanten todas las medidas del plan de choque para reducir las listas de espera.

Aún así, ha apuntado que "todas las personas" que figuran en esta lista de espera tienen algún tipo de prestación, por lo que aunque no cuenten con el recurso "más adecuado" cuentan con otro.

En cuanto al centro de crisis para víctimas sexuales en Ibiza ha defendido que abrirá en las "próximas semanas" y el plan de infraestructuras se presentará antes de final de año.

También ha destacado que se estudiará este incremento de plazas de la red de emancipación juvenil, ya que ha reconocido que a los 18 años una persona "no puede ser autónoma" pero ha reivindicado que se haga en base a un "modelo de inserción social".

Frente a los ataques a las entidades del tercer sector de Vox, la consellera ha destacado que se mantiene una "máxima colaboración" con ellos. "Habrá entidades que lo pueden hacer mejor o peor y se podrá estar más de acuerdo con unas u otras pero no se puede cuestionar su labor", ha remarcado.

Por eso, se ha mostrado "orgullosa" del tercer sector balear y ha calificado su colaboración como "imprescindible".

Con respecto a la migración, ha asegurado que la "crisis migratoria" tiene un "efecto negativo" en Baleares y ha criticado al Gobierno central por "no afrontarla".

Por eso, ha sostenido que "no hay capacidad" para dar cobertura a todas las personas que llegan y "no se les puede ofrecer un proyecto de vida", por lo que ha reivindicado una migración "regular" ante este "drama humanitario".