Visado por puntos y ayudas restringidas: así es la propuesta migratoria del PP de Feijóo

 El Partido Popular ha presentado este martes en Barcelona su Plan Nacional de Inmigración, que ha elaborado durante meses un equipo de expertos, un decálogo de medidas para fomentar una inmigración "ordenada, legal y humana" que Alberto Núñez Feijóo planea impulsar si llega a la Moncloa.

Exámenes más difíciles para conseguir la nacionalidad, un visado por puntos para venir a trabajar a España que valore, por ejemplo, la hispanidad, o más requisitos para recibir ayudas sociales son algunas de las medidas incluidas en este plan con el que el PP pretende coger impulso.

Todo ello en un momento en el que Vox está ganando fuerza según las encuestas y en el que la inmigración (tema clave para el partido liderado por Santiago Abascal) es una de las mayores preocupaciones de los españoles.

QUIEN DELINCA SERÁ EXPULSADO

Para conseguir la nacionalidad española, el PP propone que no solo se otorgue en función de unos requisitos legales sino también por conceptos como la integración real y por tener "un compromiso profundo" con la historia la lengua y los valores de España.

Por ejemplo, se elevará el nivel de exigencia lingüística hasta el B2 y se endurecerán los exámenes de conocimientos generales sobre España.

El PP propone la expulsión automática de España a quien sea condenado por delitos graves, así como que se amplíe el periodo máximo de permanencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para que puedan ejecutarse las resoluciones de expulsión, devolución o retorno.

Y propone también que se revoque el permiso de residencia a los extranjeros con vínculos criminales o radicales.

El partido de Feijóo quiere que quien llegue a España lo haga para trabajar y para ello han propuesto un visado por puntos que valorará temas como la formación, el idioma y la integración.

Habrá dos maneras de llegar a España: con un contrato de origen o con un visado temporal para buscar empleo en "sectores tensionados".

La Hispanidad será un factor positivo en la evaluación del visado y habrá cuotas anuales por países y sectores reservadas para los que cooperen en la repatriación o el control de flujos irregulares.

¿QUÉ PASA CON LOS QUE YA ESTÁN AQUÍ?

El PP quiere que se acaben las regularizaciones "generalizadas y sin control" y propone crear un "régimen transitorio" para los extranjeros en situación irregular que ya estén en España, en el que serán evaluados por puntos en función de su integración, por ejemplo.

Además, el arraigo se convertirá en algo de carácter excepcional y no en una vía automática y la autorización de residencia de larga duración no sólo dependerá del tiempo que se lleve en España.

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El PP quiere que para los inmigrantes sea más difícil recibir ayudas y para ello propone que la más común, el Ingreso Mínimo Vital, se ligue a la búsqueda activa de empleo y que el padrón deje de ser el único requisito para obtener ayudas económicas.

FRONTERAS CONTROLADAS Y LUCHA CONTRA LAS MAFIAS

En cuanto al control de fronteras, el PP propone impulsar el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y dar más medios a  Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex).

Proponen que se ponga el foco en luchar contra las mafias para detectar los movimientos migratorios y que se aumenten las penas para todos los involucrados en la cadena de la inmigración ilegal.

Y se impulsarán reformas legislativas para que España pueda perseguir los delitos de tráfico de inmigrantes cometidos en aguas internacionales.

El Gobierno central, propone el PP, será quien se ocupe de la "gestión" de los menores no acompañados y tendrá, por ejemplo, que garantizar su edad y asumir la financiación y atención directa.

Las pruebas de determinación de edad se deberán resolver en un plazo máximo de 72 horas y se propondrá una reforma de la Ley de Extranjería para poder expulsar a cualquier extranjero que se haya declarado menor de edad sin serlo.

UNA ÚNICA AUTORIDAD

En el Gobierno de Pedro Sánchez, se queja el PP, hay cinco ministerios y varias administraciones que intervienen en inmigración y es por ello que tiene que haber, a su juicio, una “autoridad única” en materia migratoria.

También es urgente que se revisen los acuerdos que España mantiene con determinados países para agilizar los procedimientos de devolución y retorno, así como castigar a los países que utilicen a la inmigración como medida de presión.