El juez Peinado prorroga hasta abril de 2026 la investigación a Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha decidido ampliar seis meses más, hasta el 16 de abril de 2026, la investigación que mantiene abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias, entre otros delitos.

Según el magistrado, todavía quedan diligencias pendientes que “difícilmente pueden ser cumplimentadas” antes del 16 de octubre, fecha en la que vencía el plazo de instrucción, lo que justifica la prórroga de las pesquisas.

UNA INVESTIGACIÓN QUE SE INICIÓ HACE DOS AÑOS

Ese nuevo plazo coincide con el segundo aniversario de una causa que comenzó tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, y que desde entonces ha incorporado más delitos y más investigados.

Además del tráfico de influencias y la corrupción en los negocios, se han añadido los de intrusismo, apropiación indebida y malversación, aunque este último fue recientemente limitado por la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó integrar esa parte en el procedimiento principal.

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En el caso también están imputados la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés —beneficiario de contratos públicos— y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

LAS DILIGENCIAS PENDIENTES

Entre las actuaciones que todavía deben practicarse figura un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los convenios firmados por la Universidad Complutense de Madrid relacionados con el máster de Transformación Social Competitiva, que codirigía Begoña Gómez, y su comparación con otras cátedras extraordinarias.

El juez también ha solicitado información a la Escuela de Gobierno de la Complutense y a Amazon para que remitan los correos electrónicos asociados a los dominios del máster, así como a la Presidencia del Gobierno, que deberá detallar quiénes han ocupado el cargo de Secretario General desde julio de 2018.

Peinado quiere determinar quién autorizó y ordenó el pago de las retribuciones de Cristina Álvarez, así como el uso de la cuenta institucional asignada a Begoña Gómez.

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UN CASO EN EVOLUCIÓN

En su auto, Peinado recuerda que aún debe resolver sobre las peticiones de diligencia y de archivo planteadas en las vistas celebradas en las últimas semanas, con el objetivo de concretar las imputaciones. El magistrado también deja abierta la posibilidad de que, en caso de llegar a juicio, sea un jurado popular quien juzgue a los investigados.

Asimismo, toma nota de la última corrección dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, que estableció que el juez no podía continuar investigando la presunta malversación en una pieza separada, sino que debía hacerlo dentro del procedimiento principal.

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La investigación judicial se centra en si Begoña Gómez pudo influir en favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, y en su papel en la cátedra que codirigía en la Complutense, donde se analiza el patrocinio empresarial de un software vinculado al proyecto académico.

También se examina si su asesora, Cristina Álvarez, contratada con fondos públicos, pudo haberse excedido en sus funciones para asistir a Gómez en actuaciones de carácter privado o de interés personal.