España se enfrenta a una subida del combustible de hasta el 30 % por el nuevo régimen de emisiones
El encarecimiento de gasolina y gasóleo impactará en transportistas, hogares y empresas
Penélope O. Álvarez | Mallorca, 02 de Octubre de 2025 | 13:02h
España se prepara para un cambio regulatorio de enorme calado: a partir de enero de 2027 entrará en vigor el nuevo régimen europeo de comercio de derechos de emisión (RCDE2), que extenderá al transporte por carretera y a los edificios una obligación ya vigente para la industria eléctrica, el sector electrointensivo, la aviación comercial y el transporte marítimo.
El objetivo es ambicioso. Bruselas quiere acelerar la reducción de gases de efecto invernadero y recortar un 62 % de las emisiones respecto a 2005 antes de 2030. Sin embargo, la medida plantea un serio desafío económico: encarecerá el precio de los combustibles, elevará los costes de sectores clave como la logística y la vivienda, y acabará repercutiendo en los consumidores a través de la inflación.
¿EN QUÉ CONSISTE EL NUEVO SISTEMA?
El RCDE2, aprobado dentro del paquete climático Fit for 55, funciona como un mercado independiente de derechos de emisión. A diferencia del régimen actual, no se aplicará directamente al usuario final, sino a distribuidores y comercializadoras de combustibles, que deberán adquirir derechos en función de sus ventas. Ese coste adicional se trasladará, inevitablemente, al precio final de la gasolina, el gasóleo o el gas utilizado para calefacción.
El Ministerio para la Transición Ecológica confirma que el nuevo esquema abarcará al transporte por carretera y a los edificios, tanto residenciales como comerciales. La Comisión Europea recuerda que se trata de una herramienta “esencial” para lograr la neutralidad climática a mitad de siglo.
EL TRANSPORTE, EL SECTOR MÁS EXPUESTO
Las estimaciones del sector hablan de un incremento de entre 25 y 45 céntimos por litro de combustible, lo que equivaldría a una subida del 15 % al 30 % con los precios actuales. Las empresas distribuidoras de carburantes sitúan la horquilla un poco más baja, entre 15 y 25 céntimos por litro.
El Banco de España ya ha incluido el efecto de la medida en sus proyecciones. Según sus cálculos, la entrada en vigor del RCDE2 añadirá siete décimas a la inflación en 2027, que pasaría del 1,7 % previsto al 2,4 %. Aunque el transporte tiene un peso limitado en el índice de precios, su capacidad de arrastre es muy elevada: el 95 % de las mercancías en España viajan por carretera, lo que convierte al sector en un auténtico transmisor de costes hacia toda la economía.
Los edificios, tanto residenciales como comerciales, también se verán afectados. El encarecimiento del gasóleo de calefacción o del gas natural repercutirá directamente en los hogares, en un contexto en el que muchas familias ya soportan un fuerte gasto energético. En la práctica, el efecto será similar a una subida de impuestos, con la diferencia de que no habrá mecanismos de compensación directa para consumidores particulares. Esto genera preocupación en asociaciones de consumidores, que temen un repunte adicional en la factura energética de los hogares.
Entre los transportistas y otros sectores afectados hay un sentimiento de frustración por la falta de firmeza del Gobierno en la negociación de este nuevo régimen. Consideran que España, por su gran dependencia del transporte por carretera, será uno de los países más perjudicados. Las patronales piden que el Ejecutivo impulse ayudas o compensaciones que permitan amortiguar el golpe económico, mientras que la Comisión Europea ya ha urgido a España a transponer la directiva comunitaria, bajo amenaza de sanción si se incumplen los plazos.
UN DESAFÍO QUE CAMBIARÁ EL MERCADO
En definitiva, la entrada en vigor del RCDE2 en 2027 marcará un antes y un después para la economía española. Reducirá emisiones, pero a costa de encarecer el transporte, la vivienda y el consumo, en un país donde la carretera sigue siendo la columna vertebral de la logística.
El reto de fondo será equilibrar la lucha contra el cambio climático con la necesidad de mantener la competitividad económica y proteger a consumidores y empresas de un alza de precios que amenaza con extenderse a toda la economía.
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