El Supremo admite el recurso del Govern contra las 406 plazas fijadas para menores inmigrantes
Este procedimiento se suma a otros dos ya admitidos a trámite
Sergio Jiménez | Mallorca, 30 de Septiembre de 2025 | 13:44h
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Govern contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en las comunidades y ciudades autónomas.
El Ejecutivo balear considera que la cifra de 406 menores asignada a las islas carece de una justificación clara y se ha adoptado con criterios “opacos y arbitrarios”. Según el recurso, esta regulación perjudica a Baleares, vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial y beneficia a unas comunidades en detrimento de otras.
El Govern y los diferentes Consells Insulars llevan meses alertando de la presión que soporta el sistema de protección de menores en las islas, especialmente en relación con niños y adolescentes migrantes no acompañados. Unos datos que se reflejan en los informes de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, que se han incorporado al recurso admitido a trámite.
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El Tribunal Supremo tramitará ahora el recurso, presentado el pasado 24 de septiembre por la Abogacía de la Comunidad Autónoma, después de ser autorizado por el Consell de Govern.
Este procedimiento se suma a otros dos ya admitidos a trámite. El primero, presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, al considerar que afecta a las competencias y a la autonomía financiera de Baleares. El segundo, ante el Supremo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, que regula las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
Además, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha presentado alegaciones contra el procedimiento de traslado de los dos primeros menores extranjeros no acompañados dentro del reparto impuesto por el Gobierno central, al entender que compromete la capacidad de acogida y el correcto funcionamiento de los recursos sociales en Baleares.
