¿Repostas en gasolineras baratas? La Guardia Civil desmantela una red que adulteraba combustible
Un caso que comenzó con quejas vecinales en Murcia terminó revelando un entramado con ramificaciones en varias provincias
Penélope O. Álvarez | Mallorca, 29 de Septiembre de 2025 | 19:14h
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización dedicada a introducir carburante adulterado en estaciones de servicio de bajo coste del Levante. La operación, bautizada como Tenk, arrancó en 2023 y ha culminado con 18 detenidos y 14 investigados por un entramado que mezclaba empresas pantalla, testaferros y transporte transfronterizo de combustible.
Todo empezó con las quejas de los vecinos de La Hoya del Campo (Murcia) por el inusual movimiento nocturno de camiones cisterna. Las pesquisas derivaron en la localización de un gasocentro ilegal donde los agentes intervinieron más de 70.000 litros de gasóleo, además de maquinaria y depósitos empleados para adulterar el carburante. En el operativo también se halló triacetina, un aditivo no autorizado en el gasóleo de automoción.
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CÓMO FUNCIONABA EL FRAUDE
El combustible intervenido respondía al llamado designer fuel: mezclas de gasóleo con aditivos que modifican sus propiedades físicas para dificultar su identificación y, así, evadir controles y tributos. Según la investigación, ese producto era etiquetado y declarado falsamente como “aceites y lubricantes” al entrar en España, un artificio usado para evitar el impuesto especial sobre hidrocarburos, el IVA y la tributación societaria.
Las inspecciones posteriores revelaron al menos dos gasocentros irregulares adicionales, en Abanilla (Murcia) y Silla (Valencia). Desde esos puntos, el carburante adulterado se distribuía a estaciones low cost de Murcia, Almería, Alicante y Valencia. La cadena de suministro tenía un claro componente internacional: el producto procedía, según las diligencias, de países como Letonia, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Lituania.
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La investigación, que se prolongó durante dos años, ha identificado la estructura societaria detrás de la trama y a las personas que prestaban sus datos como testaferros a cambio de dinero. Entre los implicados aparecen ciudadanos ucranianos, letones, franceses y españoles. En total se han vinculado 40 empresas repartidas por provincias como Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Girona, Lleida y Tarragona. Asimismo, se inspeccionaron 11 estaciones de servicio relacionadas con el esquema.
DETENCIONES, INVESTIGADOS Y TIPIFICACIÓN PENAL
Las fuerzas del orden han arrestado a 18 personas y mantienen a 14 investigados. Los cargos que se imputan a los miembros de la red cubren un abanico de delitos: estafa, falsedad documental, fraude fiscal, blanqueo de capitales, delitos contra la seguridad vial y pertenencia a organización criminal. Entre los casos más graves figura el de un conductor imputado por 26 delitos contra la seguridad vial, acusado de transportar mercancías peligrosas sin la licencia de conducción adecuada.
Las pesquisas apuntan a la introducción en España de, al menos, 1,7 millones de litros de gasóleo adulterado, un volumen que ha supuesto un perjuicio económico notable para la Hacienda pública y un factor de competencia desleal frente a las estaciones que cumplen la normativa. Más allá del fraude fiscal, el uso y la venta de este carburante conlleva riesgos técnicos —daños en motores, obstrucción de sistemas de inyección— y medioambientales por la manipulación y almacenamiento inadecuados.
UN PROBLEMA REPETIDO EN EL SECTOR
Expertos y antecedentes judiciales muestran que no es un fenómeno aislado: redes que eluden tributos mediante empresas pantalla y declaraciones falsas han sido objeto de operaciones anteriores contra el fraude en hidrocarburos. La operación Tenk, por su tamaño y alcance, vuelve a subrayar la necesidad de controles coordinados entre autoridades aduaneras, tributarias y policiales.
La desarticulación de la red evidencia que parte del combustible que llega a estaciones low cost puede proceder de circuitos fraudulentos. Las autoridades recomiendan prudencia a los consumidores y aseguran que este tipo de fraudes seguirá siendo una prioridad en las investigaciones por su impacto fiscal, medioambiental y en la seguridad vial.
